La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidió hoy lunes extender un año la moratoria al ajuste en el cargo por matrícula para estudiantes de nuevo ingreso, acordado en julio de 2013 y que vencía este verano.

Tras un intenso debate, una mayoría de ocho integrantes de la Junta respaldó la moción de la representante estudiantil Hannah Ortiz Núñez para que se extendiera la moratoria en lo que se culmina un estudio sobre las condiciones socioeconómica de los universitarios. El presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, solicitó que se considerara la extensión para darle tiempo a evaluar la viabilidad de las recomendaciones del informe sometido sobre mecanismos de reconocer el subsidio estatal para educación universitaria en la UPR.

‘Planteamos que el Presidente (de la UPR) le había indicado ya a la Asamblea Legislativa que no iba a haber aumento y se había logrado cuadrar un presupuesto sin necesidad de un aumento en la matrícula’, comentó el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno, Aníbal Y. López Correa.

Pese a que el estudiante ya había traído a colación dichos planteamientos en la reunión del 23 de junio pasado del Comité de Asuntos Financieros de la Junta, la mayoría del comité coincidió en que se debía considerar reestablecer el mecanismo de ajuste en la matrícula por lo que remitieron el asunto al pleno de la Junta de Gobierno.

No obstante, miembros de dicho comité, como el licenciado Fernando Lloveras y el profesor Jorge Valentín, terminaron votando en contra de levantar la moratoria, uniéndose a los votos del secretario de Educación Rafael Román, Carlos Pérez, Ana María García Blanco y los demás representantes de la comunidad universitaria, que pusieron una vez más freno al aumento de matrícula.

La presión mediática y la publicación de un informe sobre empleados de confianza, que develó un aumento de $6 millones en gastos de nómina, podrían haber sido dos factores para que el voto pesara a favor de los reclamos estudiantiles, sostuvo López Correa.

Por su parte, Walker Ramos, solicitó que se considerara la extensión para darle tiempo a evaluar la viabilidad de las recomendaciones del informe sometido por el Comité Asesor de Financiamiento Institucional (CAFI-II), cuerpo multisectorial creado con la intención de proponer nuevas vías de financiamiento.

Por eso, entre los planteamientos en contra de levantar la moratoria, resaltó la necesidad de estudiar más a fondo el perfil socioeconómico del estudiantado a raíz del informe del CAFI-II, además de profundizar el impacto en la población graduada, que aún queda por evidenciar.

Los votos a favor de levantar la moratoria e imponer un aumento de $45 al costo de matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso, correspondieron a Juan Acosta, Juan Aponte y Rafael Escalera. Estos plantearon que se debía aumentar la matrícula para que el dólar no perdiera su valor adquisitivo, y para tomar acción de una vez en momentos que el impacto no sería tan fuerte, comentó López Correa.

Levantar la moratoria hubiese significado reestablecer el aumento automático de matrícula anual para estudiantes de nuevo ingreso, un aumento que depende del Índice de Precio de Consumidor y que en el pasado se fijó en un aumento de 4% al costo de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso.

La moratoria se estableció en el mes de julio de 2013, para frenar el aumento en lo que se realizaba un análisis del método para establecer el cómputo de ajuste de matrícula. Así, se ha extendido durante los años académicos restantes hasta que en el 2016 se vuelva a tocar en el pleno del cuerpo gubernamental de la Universidad.

Por otro lado, la Junta de Gobierno denegó la petición de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), para que los profesores universitarios negocien colectivamente bajo la representación exclusiva de la APPU como gremio.

El presidente de la Junta, Dr. Jorge L. Sánchez, indicó que mediante voto mayoritario se determinó no dar curso en este momento a dicha petición ya que existen mecanismos vigentes en el ordenamiento legal del país que están a disposición de los peticionarios y cualquier otro grupo para atender estos asuntos.