El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston paralizó la sentencia del juez Gustavo Gelpí luego de que alguaciles federales ejecutaran la orden de embargar las cuentas de la agencia en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Boston acogió la solicitud de interdicto para paralizar la sentencia porque no representaría daños irreparables a cualquiera de las partes. Además, el panel de jueces entendió que los méritos de la apelación plantean cuestiones inusuales e importantes y un período razonable de tiempo es necesario para determinar si alguna estancia más extendida es justificada.

Cualquier respuesta a la moción deberá ser presentada a más tardar el 29 de junio de 2015.

De acuerdo a la orden de ejecución, los fondos depositados en el BGF quedarían embargados hasta nueva orden. Estos incluyen $581,640.04 correspondientes al pago que adeudan a los Centros 330 de Consejo Playa de Ponce y $5,131,304.78 del dinero para operación del Departamento.

La secretaria de Salud, Dra. Ana Ríus alegó que, ‘No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El Juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando’.

Gelpí tomó la controvertible decisión luego de que el gobierno pagara solamente parte del monto total de $9.3 millones en deuda y con un cheque cuyos fondos estarían disponibles después del 30 de junio.

El juez federal había advertido a principios de mes que tomaría esa medida drástica luego de una vista en que el Departamento de Salud dijo que no podía emitir los cheques para los Centros 330 por no tener los fondos y que tampoco los presupuestó. Los fondos son los correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015.

Gelpí amenazó con embargar las cuentas de la agencia si no cumplía con el pago correspondiente al primer trimestre de 2015 porque no toleraría más extensiones ya que el caso de demanda de pagos data del 2003. El juez dio en aquel momento hasta el 17 de junio para hacer los pagos.

No obstante, el gobierno emitió un pago de $3.6 millones al alegar que no estaban de acuerdo con la cantidad de la deuda presentada y que impugnarían la misma. El gobierno también destacó que el cheque no tenía fondos por el momento pero estarían disponibles después del 30 de junio con el nuevo presupuesto.

Ejecución sentencia cuentas Salud – NotiCel_13291

Moción concedida por Boston – NotiCel_13292