Hay una ‘alta probabilidad’ de que el gobierno llegue a un impago en gran medida porque no ha podido hacer la propuesta emisión de bonos de $2,900 millones ni ninguna otra medida de financiamiento alterno.

Esa fue la conclusión a la que llegó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), a preguntas de NotiCel.

‘Yo no te diría que inevitablemente…diría que hay una alta probabilidad’, aclaró.

Sus comentarios fueron hechos luego de haber hecho una radiografía a los medios sobre el estado fiscal y económico del país.

Una serie de factores, como la baja en la población de 3.8 millones a 3.5 millones, la baja en inversiones, una economía en contracción desde el 2007, y hasta una baja en el consumo personal, han contribuido a la crisis fiscal por la cual atraviesa la isla a pesar de las medidas de ahorro.

‘En términos de recortes, ya se ha hecho bastante. Para ser justos, desde Fortuño para acá ya se ha cortado. Si miras datos oficiales se ha recortado’, dijo Marxuach.

El directivo del CNE opinó que son pocas las opciones que tiene el gobierno para remediar la situación de aquí a septiembre, cuando se proyecta que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pierda su liquidez.

De hecho, la liquidez del Banco se redujo un 24 % en mayo, una fuerte caída que se suma a la de meses anteriores y que deja al gobierno con tan solo $777.87 millones en caja. El BGF tiene que mantener $500 millones en reserva.

Ante la ausencia del financiamiento con la emisión de bonos, el ELA también estaría imposibilitado de obtener financiamiento a corto plazo como el de los bonos en anticipación a ingresos contributivos (TRANs), lo cual dejaría al gobierno sin dinero durante el primer trimestre del año fiscal 2016, aún con los recortes y medidas de ahorro, sostuvo Marxuach.

La presidenta del BGF, Melba Acosta, dijo recientemente que se encuentra trabajando una alternativa de TRANs en donde parte de los mismos se trabajarían con bancos privados y la otra mitad se haría por medio de corporaciones públicas que compren los bonos. Sin embargo, se necesita legislación para poder autorizar a las corporaciones públicas a comprar los bonos a corto plazo.

Marxuach vio ese financiamiento como uno difícil porque los bancos locales están bajo la presión de los reguladores de mantenerse alejados de la deuda de Puerto Rico.

De otra parte, Acosta dijo que no se ha podido ir a los mercados con una emisión de bonos de $2,900 millones para darle liquidez al BGF debido a las condiciones que están imponiéndole al gobierno para poder llevarla a cabo. El dinero del aumento al impuesto al crudo que iba a servir de colateral para esa emisión se está dividiendo entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el BGF, según se supo.

De llegar Puerto Rico a un impago, se aplicarían las disposiciones de la Constitución del ELA que en conjunto con una ley establecen una orden de prelación en los pagos. Primero se haría el pago de interés y amortización de la deuda garantizada por la buena fe y crédito del ELA. Esa deuda de obligaciones incluye alguna de la deuda de las corporaciones públicas.

En segundo lugar, se pagarían las obligaciones de contratos para evitar que se afecte el buen nombre del ELA. En tercer lugar, se harían los pagos para preservar la salud, la seguridad, la educación de la ciudadanía así como el retiro de los empleados públicos.

Marxuach dijo que debido a unos cambios en los cálculos de las pensiones a nivel federal, esa deuda aumentó a unos $10,000 millones.

Luego, sería el pago de construcciones o mejoras públicas seguido por el pago a los contratos que se financian con asignaciones especiales, detallóMarxuach. Sin embargo, el BGF dice que el gobierno puede implantar otras medidas como reducir asignaciones y establecer una moratoria en el pago de la deuda.

Eso no impedirá la lluvia de demandas que podríancaerle al gobierno, según Marxuach.

A pesar de que el aumento al Impuesto de Ventas y Uso (IVU) actual a 11.5% entrará vigor en julio y se convertirá en un IVA en abril del 2016, eso no impedirá otra posible degradación o una declaración de impago.

Según Marxuach, Standard & Poor’s le advirtió al gobierno que para cambiar de un IVU a un IVA para propósitos de financiar los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), necesita la autorización de las tres casas acreditadoras según está establecido en los ‘trust agreements’ con los bonistas. No tener esa autorización se consideraría un impago, explicóMarxuach.’Standard <><> Poor’s no cree que Hacienda pueda cambiar a un IVA’, sostuvoel experto./p

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Entre las opciones que propuso el CNE se encuentran trabajar con un plan fiscal a cinco años, el cual ya se está haciendo; establecer mecanismos para lidiar con la deuda; establecer reglas de ‘pay as you go’;recapitalizar el banco; y reestructurar las corporaciones públicas.