La población de 65 años o más crece aceleradamente mientras se reducen los recursos para atenderla, tal como ha quedado evidenciado en la reducción de tarifas de Medicare Advantage y los retrasos en los pagos a los centros de cuidado prolongado, que brindan servicios a los ancianos bajo custodia del Departamento de Familia.

Medio centenar de personas de edad avanzada hicieron fila el miércoles en la rotonda del Capitolio para firmar la petición dirigida al presidente Barack Obama para que el gobierno federal no reduzca las tarifas de Medicare Advantage en Puerto Rico en 11% para el próximo año. Los adultos mayores se expresaron con preocupación ante las cámaras de televisión debido a que la pensión que reciben no les da para compensar gastos. Desde que el Departamento de Salud federal oficializó la determinación de continuar con el recorte, la senadora Rossana López contó que ha recibido decenas de llamadas a su oficina.

Esa consternación ha sido en parte promovida por la Coalición de la Crisis de Salud en Puerto Rico, que ya ha comenzado a alertar a la población de un ‘impacto inmediato’ de aumento de copagos y deducibles, pérdida de beneficios opcionales y suplementarios como los servicios de visión, servicios dentales, servicios auditivos, pañales y servicios en el mostrador.

Sin embargo, el doctor Ibrahim Pérez llamó a que los ajustes financieros miren los salarios y costos administrativos de las aseguradoras, en lugar de impactar inmediatamente los servicios a una de las poblaciones más necesitadas, o de reducir tarifas a los proveedores. Las ganancias de los ejecutivos de Triple S, una de las principales aseguradoras del país, oscilan entre $820,000 a $409,000, sin contar las adjudicaciones de acciones que en algunos casos alcanzan la cifra millonaria, por ejemplo.

‘Si (CMS y el Departamento de Salud federal) decidieron recortar fondos a las aseguradoras, tienen que saber que eso tiene repercusión a la población y le tienen que ser claros a los viejos de cuáles son los servicios que se van a recortar porque ante ellos es que están las propuestas nuevas de las aseguradoras’, mencionó la senadora López, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles.

‘Sabemos que las aseguradoras son un negocio, pero ciertamente, es el sistema que tenemos hoy y mediante el cual se les dan los servicios a ellos’, agregó la también exprocuradora de las personas de edad avanzada, previo a urgir a los demás senadores que así lo entiendan a radicar proyectos de Ley para eliminar las aseguradoras. López radicó la resolución 319 para investigar a estas compañías que han denegado servicios de hospitalización a pacientes en condiciones críticas, pero el proyecto permaneció en la primera lectura del Senado sin ser referido a comisión.

Los pagos MA que se harán mensualmente por cada beneficiario se reducen a $488 de $520 que se pagaba el año fiscal anterior, según cifras de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico.

Esto, a su vez, conlleva un costo agregado de $120 millones para el Gobierno en 2017, debido a que la administración equipara cada cubierta de Medicare Platinum a la cubierta del programa de Mi Salud, en el caso de los médico-indigentes que reciben los servicios a través de Medicare, según cifras conservadoras de ASES. Otros estimados alcanzan los $400 millones en gastos a mediano plazo.

La población de 3,734 adultos mayores, ubicados en 850 hogares licenciados por el Departamento de la Familia para el cuidado sustituto, también vieron su salud en riesgo, debido al atraso de dos meses de pago por parte de la agencia. La portavoz de prensa del DF explicó que el Departamento de Hacienda emite los cheques, y tuvo un retraso con el pago de abril, pero aclaró que se emitió ayer miércoles.

La falta de liquidez de Hacienda ha afectado también el pago a los Centros de Salud Primaria 330 y el envío del reintegro.

Estos hogares atienden viejos referidos por el DF, en condiciones infrahumanas, que viven solos o no tienen familia. Entre su población, tienen pacientes postrados en cama, con gastroenteritis, diabéticos, y en sillón de ruedas.

El pago mensual representa la compra de medicamentos, pañales, alimento y otros artículos de cuidado, por lo que los dueños han tenido que tomar préstamos, aguantar y reducir nómina a los empleados, bajar horas y días, según alegaron miembros de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), apostados en protesta frente a las instalaciones de la agencia.

‘Esta es la clase más necesitada y más frágil’, recordó Tamara Pérez, geróntologa y fundadora de FICPRO. ‘Son cantidades suficientes que podrían poner en riesgo la operación en el servicio que se otorga al adulto mayor’, comentó, por su parte, la presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares de Larga Duración, Jahaira Claudio, quien catalogó la reunión con las ejecutivas del DF como productiva.

Según proyecciones del Censo, se estima que en 2030 la población de personas con 65 años o más represente el 24% de la población puertorriqueña.