Un juez del Tribunal de Primera Instancia declaró válido el contrato firmado por la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño con la propuesta megaincineradora Energy Answers para obligar a los municipios a llevar sus desperdicios sólidos a quemar.

‘Si no se somete apelación y predomina esta sentencia, tendrá consecuencias nefastas para los consumidores y municipios’, lee un comunicado de prensa de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración.

En el 2013, ‘nuestra Coalición solicitó a la ADS la anulación de dicho contrato, por la existencia de múltiples irregularidades’. El Departamento de Justicia, ante la consulta de ADS, coincidió y declaró dicho contrato ilegal por violar la Ley de Municipios Autónomos y lo sometió a los Tribunales para que fuera anulado.

‘Sin embargo, el juez encargado del caso tomó la determinación de que el contrato es válido sin siquiera pasar prueba, rehusando que los vecinos comparecieran como interventores o como amigos de la corte y permitió que Energy Answers violara los términos requeridos para someter mociones en contestación a la demanda, sin encontrarlos incursos en rebeldía’, reclamó el Licenciado Pedro Saadé, representante legal de los vecinos.

‘Tampoco el gobierno prestó la importancia que ameritaba este caso. Esta sentencia tiene unas desastrosas consecuencias para los municipios y para los consumidores, si es que se mantiene. Además, es un golpe mortal a la Ley de Municipios Autónomos, pues despoja a estos del control de sus residuos’, terminó.

Según el grupo, este contrato representa una severa amenaza financiera a los municipios de la Isla, pues duplicaría el costo del manejo de sus residuos sólidos, de $18 a $37 por tonelada, poniéndolos al borde de la quiebra. Además, muchos municipios que tienen sus propios vertederos y que obtienen ingresos significativos de este renglón, dejarán de tener esta fuente de ingreso, empeorando la crisis y amenazando a los empleados y servicios municipales. Para colmo, el contrato provee para que se aumente el cargo anualmente.

‘Esta compañía Energy Answers, en su avaricia, pretende asaltar los trasquilados bolsillos del consumidor puertorriqueño que sería quien tendría que pagar estos elevados costos de manejo de desperdicios sólidos’, finalizó.

‘Mediante carta, le exigimos al Gobernador que cumpla con su deber ministerial de proteger a los ciudadanos de estos buitres de Energy Answers. El licenciado García Padilla debe ordenarle a la ADS y al Departamento de Justicia que presenten los recursos legales que sean necesarios para evitar que esta sentencia se convierta en final y firme’, afirmó Iván Elías, miembro de la Coalición. ‘En la alternativa, el Gobernador podría poner punto final a esta amenaza y declarar que su administración ha decidido no favorecer este proyecto’.

Sentencia contrato ADS – Energy Answers_12976