Aunque ya había tenido una victoria sólida en el Tribunal Federal, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) entró en una transacción con el casero de su sede y de la sede del Tribunal de Apelaciones, para que el arrendador desistiera de su intención de apelar la decisión favorable a la OAT sobre los millonarios contratos de arrendamiento de esos edificios.

La empresa Cecort Realty Development (CRD) informó al juez José A. Fusté el 3 de junio que abandonaba el pleito debido a que ambas partes llegaran a un acuerdo sobre la controversia.

La decisión de la OAT de retirarse de los edificios ubicados en el área de Hato Rey y buscar nuevos espacios fue justificada como una medida de ahorro ante la crisis presupuestaria que impacta el fisco pero, sin embargo, no fue posible obtener una explicación de la OAT sobre en qué consistía la transacción con el casero y si la misma afectaba en algo su plan de ahorro.

En su aviso al tribunal, CRD dice que la retirada es con perjuicio, o lo mismo que renuncian a volver a entablar un pleito sobre la misma controversia, y que se hace por un acuerdo al que llegaron las partes que ‘finiquita todas las controversias entre ellas’.

CRD demandó en el Tribunal Federal tras alegar que no podía radicar la demanda en los tribunales de Puerto Rico porque el caso lo enfrentaba de lleno contra la directora de la OAT, quien administra los tribunales y quien ya había prejuzgado el caso.

CRD alegaba que las acciones tomadas por la OAT al cancelar el contrato eran ‘arbitrarias y caprichosas’ y que le privaba de sus intereses patrimoniales protegidos bajo la Constitución estadounidense. Fusté, sin embargo, concluyó que el arrendamiento era ‘nulo’ y que el contrato fue cancelado de forma apropiada.

El Juez destacó que el acuerdo de arrendamiento era contrario al orden público porque se hizo a largo plazo y no se efectuó una subasta pública.

‘No importa cómo las partes caractericen la relación, no importa la jerarquía de la institución o las partes involucradas, el contrato es inaceptable’, apuntó el juez.

Asimismo, el juez afirmó que la OAT le notificó por escrito la negativa a renovar el contrato, un año antes de la conclusión del mismo. Cecort, en su demanda original, alegó que el contrato de arrendamiento no prevé la cancelación unilateral del mismo antes de la expiración de su respectivo término sino que se puede hacer luego de los primeros diez años.

De lo contrario, la OAT tiene que esperar al final de los segundos diez años. En todo caso, tenía que informar con 360 dias de anticipación que no continuaría con el arrendamiento. La OAT no informó en el 2013 que quería terminar el arrendamiento.

CRD construyó los edificios de la OAT y de Apelaciones hace más de diez años a un costo de $80 millones. Los demandantes y la OAT tenían un contrato de arrendamiento de los dos edificios por un plazo de 30 años.

Apelaciones comenzó a ocupar las oficinas en el 2003 y la OAT en el 2005.

CRD planteaba que la OAT pidió que se le devolviera una parte de la renta que recibió durante los pasados diez años, basado en un informe de la Oficina del Contralor que data de dos años que indicaba que el monto del alquiler era excesivo.