El subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Julio Mendez, expresó el jueves, que el caso de expropiación a la corporación PFZ Properties del desarrollador Joel Katz, continúa ventilándose ante los tribunales.

‘Durante la actual administración, el Departamento de Justicia (en representación del DRNA) solicitó a los foros judiciales que se considere una nueva tasación realizada por la agencia, ya que la tasación presentada en el cuatrienio pasado de 32.6 millones de dólares no corresponde a los valores de tasaciones anteriores ni con la más reciente’, señaló el subsecretario.

El proyecto de tipo residencial turístico no logró obtener la certificación de cumplimiento con la Ley 416 de Política Pública Ambiental de la Junta de Calidad Ambiental y tampoco la consulta de ubicación que expide la Junta de Planificación.

Informó que por tratarse de un caso pendiente de determinación en los tribunales, el DRNA no puede emitir expresiones adicionales.

La secretaria de la agencia, Carmen Guerrero Pérez se inhibió de las determinaciones de este caso porque en el pasado estuvo vinculada a la oposición al proyecto Costa Serena.

Por su parte, la Corporación Piñones se Integra (COPI) denunció ‘un acto de alta corrupción contra el Pueblo de Puerto Rico’ con el pago de 32.6 millones de dólares al desarrollador de la PFZ Properties, Joel Katz.

‘Nuestra organización exige que la Legislatura y el Departamento de Justicia investiguen este chanchullo como pedimos hace seis meses; que no se olvide nadie de que este señor Joel Katz participó para un soborno con el convicto exsenador Jorge de Castro Font, según trascendió en ese caso en el Tribunal federal. Ese pago por los terrenos de un proyecto que no era viable y que de forma muy acomodaticia le gestionaron en la administración pasada, es el colmo de la desfachatez contra un pueblo con tantas necesidades como es Loíza’, expresó la portavoz de COPI, Maricruz Rivera Clemente, en declaraciones escritas.

‘Exigimos al Departamento de Justicia y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que busquen los mecanismos legales que se necesiten para que se detenga este robo a mano armada al pueblo’, añadió.