La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, anticipó el martes el posible cierre de los tribunales municipales que aún permanecen en funciones, además del cierre de los tribunales de instancia en los distintos municipios, para concentrar la gestión judicial en los centros judiciales regionales.

‘De no mejorarse el panorama presupuestario durante este proceso legislativo me voy a ver en la necesidad de tomar unas medidas aún más drásticas como es el cerrar el resto de los tribunales que están en pueblos, y limitar nuestro servicio a las regiones, a los centros judiciales grandes. No es que no daremos el servicio, [sino que] se concentrará el servicio en las regiones grandes’, aseguró Fiol Matta, a la vez que explicaba que tal medida presenta serios problemas de acceso a la justicia.

De acuerdo con Fiol Matta, la Rama Judicial necesitaría de unos 340 millones de dólares para operar al mismo nivel en el que opera en la actualidad –después del recorte de 54 millones del año pasado –. No obstante, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2015-2016 es de solo 315 millones de dólares, 20 millones menos de lo necesario.

Las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Supremo se dieron en el contexto de la actividad de reconocimiento a los logros de la clase graduanda 2015 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y en la que Fiol Matta era la oradora invitada.

La togada identificó la puesta en vigor de la Ley 66 de 2014 como el origen de la crisis presupuestaria en la Rama Judicial. Dicha ley suspendió el método de fórmula como mecanismo para la asignación presupuestaria a la Rama Judicial, lo que representó una reducción de casi 54 millones de dólares en el presupuesto del presente año fiscal.

‘Las decisiones de política pública que responden a crisis fiscales e imponen medidas de austeridad suelen afectar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y a las minorías, agravando situaciones de discrimen en todas las esferas… en lo político, en lo económico y en lo social. La Rama Judicial tiene la responsabilidad constitucional de impedir que esto ocurra y por eso su financiación adecuada no es negociable’, dijo Fiol Matta a los futuros abogados.

La magistrada adelantó además que al cierre de tribunales se le podría añadir la reducción en la jornada de trabajo de los empleados del tribunal, como un mecanismo de ahorro en el costo de las utilidades, sino además en el pago de beneficios como tiempo compensatorio y vacaciones. Fiol Matta aseguró que, además de afectar la vida de las familias de los trabajadores de los tribunales, también afectará significativamente el tiempo de servicio directo a los ciudadanos.

‘La política económica no puede ser excusa para prescindir de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son esenciales para una recuperación sostenible e inclusiva. Para asegurar estos derechos necesitamos una judicatura eficiente y accesible’, sostuvo.

Fiol Matta reconoció que las medidas que la Rama Judicial ha debido tomar durante el presente año fiscal ‘han sido fuertes, han sido drásticas’ y que las mismas han logrado economías por unos 20 millones de dólares, hasta la fecha. Sin embargo, recalcó que esas medidas provocaron el cierre de salas de tribunales, ‘que son el primer paso de acceso a la justicia’.

‘La Rama Judicial ha hecho su parte… Estos nuevos recortes pueden llegar a obstaculizar el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional de impartir justicia de forma imparcial, completa y sin atrasos’, dijo Fiol Matta, quien no obstante, no anticipa que el Tribunal Supremo se vea en coyuntura histórica de tener que pasar juicio sobre la constitucionalidad de una medida de presupuesto como la que hoy se discute en la Legislatura.