La mayoría del pleno de la Comisión de Servicio Púbico (CSP) refirió el pasado viernes 15 de mayo, mediante comunicación escrita a la Oficina del Contralor, varios señalamientos sobre el uso de fondos públicos, el manejo de las cuentas de los ingresos propios; y supuestas irregularidades en los procesos de contratación por servicios profesionales y de personal administrativo en esa dependencia gubernamental.

‘Durante el pasado viernes le enviamos una comunicación a la señora contralora de Puerto Rico (Yesmín Valdivieso), en la cual le expresamos serias preocupaciones sobre el control y manejo administrativo de la Comisión de Servicio Público. En ese sentido, le notificamos sobre los procesos de contratación de servicios profesionales que se están dando contrario a lo que establece la Ley. Además, sobre la situación de que empleados por contrato están ejerciendo funciones puramente administrativas, emitiendo certificaciones de deuda, dirigiendo divisiones, entre otros asuntos. Ante esta grave situación también le hemos solicitado a la Contralor una auditoría exhaustiva sobre todo el componente de la Comisión de Servicio Público. Nosotros estamos ejerciendo nuestra función y es nuestro deber poner en previsión de lo que está sucediendo a las agencias pertinentes’, denunció en un comunicado de prensa el comisionado asociado Jonathan Bonet.

La carta fue firmada por los comisionados asociados Bonet, Alcides Martínez, Blanca Torres y José Cordero.

El referido contiene presuntas irregularidades detectadas en la CSP, bajo la presidencia de Omar Negrón Judice. El funcionario fue designado en el cargo durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, y dada la naturaleza de su nombramiento, siguió en el cargo a pesar del cambio de administración tras las elecciones del 2012.

En la carta a la contralora Valdivieso, el pleno de la CSP expresó que la Ley número 7 del 2009 ‘afectó de sobremanera las funciones de la Comisión, por lo cual la actual administración de la agencia ha incurrido en estas prácticas que son contrarias a los mejores principios de administración pública’.

‘Ciertamente, las situaciones de incumplimiento con reglas administrativas, de personal y recursos humanos, de contratación, entre otros, ameritan que estos comisionados coloquemos en previsión de lo que acontece en nuestra agencia a su oficina (Oficina del Contralor), de manera que a solicitud urgente de nuestra parte, usted pueda determinar si amerita la realización de la Auditoría exhaustiva que estamos prestos a solicitar’, expresa la carta.

Los firmantes aludieron a la otorgación de contratos pagos con fondos de regalías y aranceles, que aunque, según ellos, la Ley de Servicio Público no lo impide, la utilización primordial de estos ingresos ‘debe ser para adiestramientos, talleres y estudios económicos que justifiquen las tarifas que impone la Comisión’.

Los comisionados asociados indicaron que, reunidos en pleno, aprobaron un ‘acuerdo y orden’ en el que le ordenaron al presidente Negrón Judice, entregar toda la documentación relacionada a los procesos de la otorgación de contratos. Sin embargo, informaron que Negrón no ha accedido, por lo que prevén que en los próximos días acudan al Tribunal.

‘Politiquería’ los señalamientos

‘Como una acción de índole política y sin ningún tipo de fundamento’, así se expresó el presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón Judice, ante los señalamientos que hicieran los Comisionados de la mayoría de dicha agencia.

‘Desde que los nuevos Comisionados fueron confirmados hemos estado en la mejor disposición de trabajar en equipo, sin vicios políticos y siempre teniendo como norte el fin de la CSP. Sin embargo, hemos notado una obstinada insistencia de dichos miembros en convertir la CSP, su fin primordial y el trabajo que a diario realizan nuestros empleados públicos, en una faena política’, explicó en comunicación escrita.

A tales efectos, ‘referiremos a la Oficina de Ética Gubernamental las constantes expresiones de índole política y amenazas contra los contratistas y empleados de esta agencia. Asimismo, el intento de usurpación de las facultades administrativas delegadas por virtud de ley y que son exclusivas del Presidente’, aseveró Negrón Judice.

El Presidente de la CSP añadió que, ‘han rallado en lo ridículo de pretender negociar contratos y nombramientos que sean expresamente a fines con sus ideales políticos. Hasta el número telefónico de empresario Juan ‘Johnny’ Crespo Rivera para que le arrendáramos un edificio donde hoy se encuentra el CESCO de Carolina trajeron a nuestra atención. Asimismo, uno de los Comisionados en reiteradas ocasiones y de manera intimidante ha manifestado que se encuentra en negociaciones con el partido popular para eliminar la Comisión’.

Negrón Judice aclaró que, ‘dicha denuncia no especifica irregularidad ni violación de ley alguna ya que es inexistente. Por el contrario, la CSP ha sido auditada por agencias federales, específicamente el Departamento de Transportación Federal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, auditores externos, y la propia Oficina del Contralor’.

El Presidente culminó poniéndose en la mejor disposición de trabajar unidos por el bien de Puerto Rico ‘atendiendo las necesidades de nuestros concesionarios que a fin de cuentas es la razón de ser de nuestra agencia’.