Contrario a la percepción pública de que los seis representantes disidentes apoyaron la propuesta del Ejecutivo de implantar el Impuesto al Valor Añadido (IVA) en un periodo de nueve meses, al menos dos de los representantes aclararon el viernes que siguen convencidos en su propuesta del arbitrio general en los muelles, y que el acuerdo al que llegaron en Conferencia Legislativa les garantizaba un espacio para continuar la discusión sobre esta alternativa.

El gobernador Alejandro García Padilla anunció en la noche del jueves que se había acordado aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5% como vía temporera para transicionar al Impuesto de Valor Añadido (IVA) en un periodo de nueve meses, al menos dos legisladores aclararon para récord que no hubo tal compromiso con el IVA. Al contrario, los disidentes estuvieron durante horas tratando de convencer al Gobernador y a los demás legisladores de las ventajas de favorecer el arbitrio general en los muelles, mediante intervenciones de sus respectivos economistas y técnicos.

NotiCel supo mediante fuentes que en el debate quedó constatado la capacidad de recaudo del arbitrio en los muelles, que según el representante Carlos Vargas, redundaría en unos $1,800 millones. Las diferencias surgen en cuanto a las exclusiones que imperarían ya que se reclamaba que los derivados del petróleo y los carros tendrían una doble tributación.

El equipo disidente proponía quitar la tributación individual sobre estos productos, como pudiera ser la recién aprobada ‘crudita’ de $15.50, en lugar de eximirlos del cobro en los muelles, algo con lo que claramente, el Ejecutivo estaba en desacuerdo. Con la propuesta del IVA se mantienen los impuestos individuales sobre el crudo del petróleo y los carros. La propuesta de los disidentes es que se excluya únicamente a los alimentos, las medicinas y los químicos de la materia prima.

A diferencia del IVA, el arbitrio general permite que los vendedores tengan la libertad de elegir entre pasar la carga a los consumidores o absorber el impuesto para aumentar el volumen de las ventas. Por el contrario, el IVA obliga a tributar en todas las partes de la cadena de producción.

A preguntas de la prensa la noche del jueves, García Padilla reconoció que el arbitrio general aún estaba sobre la mesa, y que se continuaba evaluando, aunque él favorece el IVA.

‘Acordamos con el Gobernador y la Conferencia Legislativa PPD, lo siguiente: no se ha decidido aún entre el IVA y el arbitrio al puerto. El Gobernador no descarta el IVA como medida permanente, mientras se acordó modelar y analizar si el retomar a un impuesto en los muelles es la solución correcta’, indicó el representante Luis Vega Ramos en comunicación escrita.

Explicó, además, que el acuerdo al que llegaron atendía de forma inmediata la crisis fiscal, mientras les otorgaba un espacio para evaluar con más detenimiento la propuesta ‘que ha hecho el Gobernador del llamado IVA’ o el retorno al arbitrio en el muelle, que ellos presentaron. ‘Esa propuesta fue muy bien acogida. Sin embargo, tiene unos detalles que hace falta afinar’, aseguró el representante.

De otro lado, el portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, advirtió que si la nueva propuesta del IVU agrandado se colgara, sería la ‘crisis total’ para Puerto Rico porque el gobierno no podría operar.

Torres opinó que los representantes Carlos Vargas y Luis Raúl Torres, quienes se oponen a la nueva propuesta de Reforma Contributiva, juegan un juego peligroso de votarle en contra. De otro representante oponerse al proyecto, el mismo se colgaría en la Cámara.

La medida en conjunto con un presupuesto balanceado son necesarios para poder llevar a cabo una emisión de bonos de $2,900 millones que le daría liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y atraer la confianza de los inversionistas, ya que podría quedarse sin fondos en septiembre.

‘Ya sería un juego peligroso que estarían jugando algunos companeros. No sé si han entendido la preocupación en que el gobierno no va a poder seguir operando…Seria la crisis total’, dijo.

Torres indicó que el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para aumentar el IVU a 11.25% y transicionar a un IVA fue para obtener votos que permitan al gobierno obtener ingresos para operar.

‘Había que tomar medidas…Es un asunto de votos y para lo que se tuvo los votos fue el resultado de anoche…Los votos están para lo que se dio anoche’, dijo.

La medida pasaría por un rápido proceso de vistas públicas en ambos cuerpos luego de ser sometida, aunque no atropellado, aseguró Torres.

Mientras, el representante Vargas, indicó el viernes que no podrá acompañar a sus compañeros en la Cámara y Senado para aprobar con su voto el acuerdo llegado ayer para aumentar el IVU.

‘Con el mayor grado de respeto hacia el Gobernador y a los compañeros de ambos cuerpos legislativos, en esta ocasión no puede acompañarlos en su decisión’, sentenció en un comunicado de prensa.

‘Las razones para mi decisión serán expresadas mediante un voto explicativo que habré de radicar una vez se presente el proyecto y la medida baje a votación’, estableció el legislador.

Esto lo aleja de al menos dos de los disidentes, Luis Vega Ramos y Manuel Natal, quienes están por el momento conformes con el acuerdo llegado durante una reunión que duró más de nueve horas entre el Gobernador y la Conferencia Legislativa del PPD.

Vega Ramos argumentó que, ‘como sabe el país, los representantes populares que votamos en contra del Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 2329 siempre afirmamos que el aumento al impuesto al consumo, necesario para estabilizar nuestras finanzas públicas, tenía que ser lo menor posible para evitar un efecto nocivo a la economía. Trabajamos duro para lograr eso, sin preocuparnos por consecuencias personales. Anoche logramos acordar, con el gobernador García Padilla y la Conferencia Legislativa PPD, una reducción de la mitad de la nueva tasa propuesta de aumento al IVU. De un aumento propuesto originalmente de 9%, lo logramos bajar a 4.5%. Eso representa un alivio contributivo real a todo el pueblo consumidor de $ 1,192.5 millones en comparación a la propuesta original del gobernador’.