Todas las uniones y organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) se unieron en una sola voz para oponerse hoy al Proyecto de la Cámara 2421 que ‘impactará negativamente’ la estabilidad económica de la Corporación, los múltiples servicios que ofrece a los lesionados y amenaza con desaparecer una medida de protección que tienen los pequeños patronos de la Isla.

El P de la C 2421, una medida de administración, autoriza a transferir $100 millones de la CFSE al Fondo General del Gobierno antes del 20 de mayo. La Exposición de Motivos de la medida admite que eliminó la llamada patente nacional ‘sin que se identificara una nueva fuente de recaudo que la sustituyese y apoyara las asignaciones contenidas en el presupuesto aprobado’ y ahora, agrega, no tiene los recaudos suficientes ‘para mantener operando el gobierno’.

El proyecto de ley también le resta $25 millones, mediante ‘préstamo y/o contribución’, a la ACAA, la Compañía de Turismo, la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), el Banco de Desarrollo Económico y el Departamento de Desarrollo Económico.

Sin embargo, la medida le reclama los $100 millones a la CFSE como una ‘contribución’, (no como un préstamo) y por tanto no estaría obligada a devolver los fondos porque ‘no se generará deuda alguna con la entidad que realice la contribución’. Si fuese un préstamo, aclara el proyecto, se amortizaría el pago de la deuda en los siguientes presupuestos operacionales del Fondo General, si hubiese el dinero, se indicó hoy en conferencia de prensa conjunta.

‘Este es un nuevo ataque a las instituciones que le dan servicio a los más necesitados, en este caso a los trabajadores lesionados que están impedidos de trabajar y necesitan de nuestros servicios para superar su condición. Este es también un ataque a los pequeños patronos que protegen sus escasos recursos a través de la CFSE. Y ahora nosotros los trabajadores de la Corporación haremos lo que no hace este gobierno: defenderemos y protegeremos esta institución, a los trabajadores lesionados, a las personas más vulnerables’, afirmó Francisco Reyes Márquez, presidente de la Unión de Empleados de la CFSE, que agrupa a sobre 2,200 empleados, la más grande de la entidad.

Por su parte, Awilda Marrero, presidenta de la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE, sostuvo que la medida legislativa ‘podría destruir una de las pocas corporaciones públicas exitosas en el país. La mala administración del Gobierno amenaza con quebrar a la CFSE, que ha sido exitosa porque sus empleados han sido todo lo eficientes que se nos ha permitido. Ya perdimos en el 2014 un 4% de ingreso de las primas debido a la mala condición económica de Puerto Rico. Este charrascazo del gobierno pretende ahora eliminar de golpe y porrazo $100 millones adicionales. Ya sabemos cómo quiebran las corporaciones públicas de Puerto Rico: el mismo gobierno es el que las quiebra’.

El presidente de la Unión de Médicos de la CFSE, Héctor Benítez, advirtió sobre el impacto negativo que tendrá la medida en los servicios a los lesionados, el posible cierre de más dispensarios que obligaría a los clientes a trasladarse a pueblos más lejos para obtener servicios, el impacto en los laboratorios y otros servicios. Este se preguntó si la CFSE contempla eliminar días u horas de las jornadas laborales para enfrentar la crisis que se avecina.

Mientras, Juan Fusté, presidente de la Unión de Contadores de la CFSE se unió a los reclamos sindicales contra la medida y alertó que el efectivo de caja de la entidad y por ende la capacidad de la CFSE para enfrentar sus obligaciones, se verá afectada por la frágil condición económica de la Isla y agravada por el proyecto legislativo. ‘Este proyecto no es bueno para Puerto Rico y menos para su gente. El pacto social en este país se está quebrando aceleradamente’, aseguró.

Igualmente, la presidenta de la Unión de Abogados de la CFSE, Aurea Ramírez, señaló que la erosión de la estabilidad económica lleva varios años con la transferencia de $227 millones de sus fondos a otras agencias: esto es, $51.3 en el 2012; $67.8 millones en el 2013, y $107.9 millones en el 2014. ‘Estamos en el punto en que el gobierno está comprometiendo el pago de las obligaciones de la CFSE. Si permitimos esta nueva transferencia, la recuperación será agónica’, indicó Ramírez.

Por otro lado, ‘la reserva de la CFSE no puede ser utilizada para subsidiar las contribuciones que le condonaron a las empresas millonarias mediante la patente nacional. Dicha contribución no debió ser eliminada hasta que fuera sustituida por otro recaudo. La responsabilidad del gobierno es salvaguardar la solvencia fiscal de los organismos públicos para garantizar los servicios al pueblo, no menoscabarlos para proteger empresas millonarias’, aseveró José Ortiz, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales.

Ovidio Torres Santiago, presidente de la Unión de Auditores de la CFSE, advirtió por su parte que actualmente el ingreso producto de las operaciones que realiza la CFSE ha decrecido porque se ha reducido hasta en un 8% la suscripción de nuevas primas. Y ‘el problema es que eliminar de un plumazo esos $100 millones de los libros de la Corporación la obligará a tomar más medidas de las que ya ha tomado’.

La CFSE genera sus propios recursos y no depende del Fondo General del Gobierno.

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