La Oficina de Energía (OEPPE) llamó la atención sobre la decisión de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) de mantener operando las plantas de generación de energía que no cumplen con las regulaciones ambientales federales sobre emisiones de mercurio (MATS, por sus siglas en ingles).

‘Desde el pasado 20 de marzo hemos estado denunciando que estábamos cerca de la fecha que comenzara el cumplimiento con MATS y no habíamos escuchado de cómo el proceso de reestructuración iba a atender este asunto’, expresó el director ejecutivo de la Oficina de Energía, José Maeso.

La Oficina Estatal de Política Pública Energética es la encargada bajo la ley 57 de 2014 de fiscalizar el cumplimiento con la política pública energética, incluyendo la conservación y eficiencia energética y la protección del ambiente en Puerto Rico. Para el ingeniero Maeso, no es prudente que se tome la decisión de mantener estas plantas prendidas, a sabiendas del impacto ambiental que producen los tóxicos que emanan. ‘Entendemos que haya una generación adicional para cubrir la demanda de la ciudadanía y los negocios, pero esto contradice las declaraciones de la AEE de que no habría ningún impacto. Por qué se mantiene estas unidades encendidas si se decía que apagarlas no causaría ningún impacto? Cómo se justifica continuar con el impacto ambiental que producen estos tóxicos?’, cuestionó Maeso.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha adoptado normas más estrictas para reducir la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por plantas de generación de energía eléctrica que utilizan carbón o combustibles líquidos (excepto diesel). En particular, en febrero de 2012, la EPA promulgó los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS) para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos, como el mercurio, otros metales pesados y gases ácidos, que provienen de dichas plantas de generación de energía eléctrica.

Maeso explicó que está consciente del problema fiscal que enfrenta la Autoridad y está confiado en el resultado del proceso de reestructuración, pero que es responsabilidad de la misma corporación pública responder al país sobre el impacto económico y ambiental que tendrá incumplir con esta regulación. ‘Habíamos expresado que no nos preocupa la falta de generación de esas unidades, sino cuál podría ser el impacto en el costo si ahora tendríamos que depender más del diésel, que es un combustible más caro. Es imprescindible que la AEE presente diferentes escenarios donde nos digan al pueblo sobre el impacto que podemos esperar: un escenario del costo donde las unidades permanezcan apagadas, la demanda suba y tengamos que cubrir la diferencia con el diésel; otro escenario donde se mantengan en uso estas unidades y el costo de las posibles multas’.

Para el funcionario si se hubiesen implementado todos los proyectos de energía renovable ‘utility scale’ que están pendientes y si se hubiese ayudado a que más proyectos de generación distribuida se hubieran construido, la AEE estaría en una mejor posición de solicitarle a la EPA una extensión de un año para continuar trabajando con el cumplimiento.