El juez superior Ángel Pagán Ocasio, a cargo de la vista para considerar la demanda radicada por ocho legisladores novoprogresistas que exige al Departamento de Justicia que defienda la constitucionalidad del matrimonio como contrato civil entre un hombre y una mujera, otorgó hoy jueves un plazo de 10 días a ambas partes para estipular los hechos en conjunto, y cada uno escribir un memorando de derecho .

En la próxima vista calendarizada para el lunes, 20 de abril, todos los esfuerzos estarán dirigidos únicamente a dilucidar la legalidad de la conducta del Secretario de Justicia, aclaró Pagán Ocasio, quien entonces emitirá su determinación por escrito.

La vista celebrada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, inició con una moción urgente de desestimación presentada por el Estado. El secretario de Justicia, César Miranda, sometió ayer, miércoles, a las 11 de la mañana, dicha moción con el objetivo de que el Tribunal desestime la demanda presentada por los legisladores Ángel Martínez Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José Pérez Rosa, Antonio Soto Torres, José Meléndez Ortiz, María Milagros Charbonier Laureano, y Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez.

La abogada Claudia Juan García, en representación de la parte demandada, denunció ante el juez Pagán Ocasio, que sería una violación a la doctrina de separación de poderes ordenarle al Estado cómo litigar un caso y qué presentar en un escrito.

Explicó que la actuación del Secretario de Justicia de emitir un escrito en el que desistió en defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Penal, responde precisamente a la función suya como abogado del Estado, de defender a su cliente y presentar la interpretación.

Por su parte, el abogado Juan M. Gaud Pacheco, en representación de la parte demandante, sostuvo que la violación a la separación de poderes procede del acto del Secretario de Justicia al interpretar una ley como inconstitucional sin haber pasado por el proceso establecido en las otras ramas.

En ese asunto se ancló otro de los argumentos del Estado, en el planteamiento que repite la parte demandante de que la Rama Ejecutiva está derogando una ley sin haber pasado por el debido proceso, inmiscuyéndose así en una prerrogativa que no le pertenece.

La abogada sostuvo que, durante el transcurso de la demanda, le ha parecido irresponsable repetir tal planteamiento, debido a que el hecho de que el Departamento de Justicia determine no defender la constitucionalidad de una ley ante un caso activo en el foro federal, no implica la derogación inmediata de la ley, o la determinación de que es inconstitucional. La ley sigue vigente como mismo lo estaba el 20 de marzo, antes de que el Secretario emitiera su opinión, dijo. Añadió que insinuar lo contrario es descartar que el Tribunal hará un juicio valorativo del caso que tiene ante sí, y que el criterio expuesto por una parte no dicta la determinación final.

También, desde el palco demandado, se trajo el argumento de que los demandantes carecen de ‘standing’ por actuar en calidad de legisladores, ya que, según la abogada, no han podido demostrar daño alguno a sus derechos consitucionales para ejercer su función legislativa.

El licenciado Guad Pacheco expresó que los legisladores sí han quedado privados de su derecho a legislar, aludiendo a que si el Secretario de Justicia no considera constitucional el Artículo 68 del Código Civil, debió haber sometido la debida enmienda a la Asamblea Legislativa.

La abogada también enfatizó que el Tribunal local no debe dilucidar sobre un caso que se está trabajando en el Tribunal Federal bajo criterios de la Constitución federal. La apelación presentada ante el Circuito de Apelaciones de Boston recoge el pedido de cinco parejas del mismo sexo de que se declare inconstitucional la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

‘La cuestión final de la validez del matrimonio que esta aquí en controversia ni la va a resolver este juez, ni la va a resolver el Tribunal Supremo. Eso está pendiente ante Boston’, apostilló el juez Pagan Ocasio.

En eso coincidió el juez asociado del Tribunal Supremo, Luis Estrella, quien también expresó que seis de los ocho legisladores no mencionaron que ya habían comparecido ante el Tribunal de Boston en su voto de no ha lugar para acoger una solicitu de certificación presentada por los legisladores.

Por su parte, Gaud Pacheco resaltó la importancia de defender el derecho doméstico y estipuló que el Gobierno Federal no debe interponerse en las leyes estatales. ‘Puerto Rico tiene toda la capacidad jurídica de intervenir en un proceso de interpretación de la ley federal’, dijo.

En el público se encontraba Ada Conde, una de las demandantes en el caso que actualmente se revisa en Boston. Conde comentó que, aunque acudieron al tribunal federal, la Constitución de Puerto Rico también estipula la prohibición del discrimen por razón de sexo, sosteniendo así su postura de la inconstitucional del Artículo mencionado del Código Civil.

En su argumentación, Gaud Pacheco cuestionó también las motivaciones del Estado, de tomar una postura diametralmente opuesta a la que habían asumido en su defensa vehemente del matrimonio heterosexual en una ocasión anterior, de ahí que surja una demanda por colusión. Opinó que Conde y el resto de los demandantes de Boston estaban asumiendo el puesto de legisladores.

Conde consideró esto una expresión difamatoria. Las parejas mantienen la esperanza puesta en que el Tribunal federal les dará un fallo favorable tomando en consideración los pormenores del caso.

La parte demandante, por su parte, cuenta con el apoyo de asociaciones religiosas como Puerto Rico por la Familia, que se ha manifestado firmemente en contra del matrimonio homosexual.

Los documentos que se discutirán en la vista del 20 de abril incluirán memorandos de derecho sobre la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia en el caso, la alegada colusión y la propuesta sobre un comisionado electo por la sala para comparecer ante el Circuito Apelativo de Boston, idea propuesta por los demandantes por considerar que el Secretario de Justicia no estaría apto para defender la ley ante el Tribunal Federal, de prevalecer los ocho legisladores en su petición.