El Departamento de Hacienda no tiene un estudio que indique cuánto podría obtener el gobierno en ingresos si impusieran contribuciones a las iglesias y otras organizaciones religiosas.

Actualmente, el Código de Rentas Internas establece que aquellas organizaciones de ámbito religioso que están exentas de contribuciones sobre ingresos son las iglesias, convenciones, asociaciones de iglesias, así como organizaciones religiosas o apostólicas, incluyendo corporaciones y cualquier fondo comunal, fondo o fundación, organizados y operados exclusivamente para fines religiosos, ninguna parte de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de algún accionista o individuo particular.

En el 2012, se aprobó una ley que eximió a las iglesias de pagar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) cuando dentro de sus predios vendan artículos para recaudar fondos para obras y mejoras permanentes a sus facilidades, actividades directamente relacionadas con su ministerio, así como subvencionar obras de caridad y ofrecer servicios que propendan al desarrollo de programas para el bienestar social; y para otros fines relacionados.

En aquella ocasión, se calculó que la medida tenía un impacto de $5.4 millones, luego de hacer cálculos utilizando actividades tributables de organizaciones religiosas en el Registro de Comerciantes.

Las iglesias en Puerto Rico, al igual que las de los 50 estados, están exentas de pagar impuestos. Los defensores de las iglesias alegan que la exención evita que el gobierno entre en las finanzas de las iglesias manteniendo una separación entre iglesia y estado.

Además, alegan que las iglesias, al igual que otras instituciones sin fines de lucro, merecen la exención porque proveen servicios de índole social y se deben tomar acciones afirmativas para que las instituciones puedan dirigir sus limitados recursos donde más se necesitan: al servicio de los más necesitados.

Los opositores a las exenciones alegan que eximir a las Iglesias del pago de impuestos violenta la separación de iglesia y estado porque dichas exenciones son un privilegio, especialmente en momentos económicos difíciles.

Amado Martínez Lebrón, portavoz de Dios le debe a Hacienda, opinó que otorgar exenciones contributivas a las iglesias las pone en ventaja sobre otras organizaciones y ese privilegio económico les da la capacidad para hacer propaganda política e imponer su criterio religioso sobre otras personas.

‘Ellos se están metiendo porque, además de capacidad política, tienen privilegio económico’, dijo.

El colectivo planifica llevar a cabo una protesta, por quinto año consecutivo, el 15 de abril, frente al Departamento de Hacienda para exigir que se impongan impuestos a las iglesias.

Al preguntarle si las iglesias deben carecer de libertad de expresión, Martínez dijo que ‘cualquiera tiene derecho’, pero las iglesias ‘usan nuestros chavos sin dar nada a cambio’ para imponer su criterio y la discriminación. Asimismo, se quejó de que las iglesias son dueñas de numerosas propiedades y reciben donativos de los cuales se desconoce su procedencia.

Por su parte, el abogado Eugenio Colíndez, dijo que eliminar las exenciones a las iglesias podría no ser tan fácil. Mencionó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 1970 declaró que exenciones en el pago de impuesto a la propiedad que gozan las iglesias no violentan la cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda que impide al gobierno promover la religión.

Esa decisión estableció que el impuesto violentaba la disposición que prohíbe que el gobierno interfiera en los asuntos de las iglesias.

En los Estados Unidos, sin embargo, las iglesias se exponen a perder su exención contributiva si promueven candidaturas políticas. No así si son cuestiones de política pública.

En el 2008, cuando la iglesia mormona intervino en la campaña para apoyar una iniciativa que prohibía el matrimonio entre parejas del mismo sexo en California, se determinó que sí podía intervenir en materias de política pública o índole moral.