El portavoz de la mayoría en la Cámara, Carlos Hernández López, radicó una resolución oponiendose al aumento de 20% en los aranceles para radicar casos civiles en los tribunales de Puerto Rico y notificándole al Tribunal Supremo que no se considerará para su aprobación.

La medida que contó con el apoyo de representantes mayoría y minoría, incluyendo a la portavoz de minoríaJennifferGonzález Colón, y los representantes Carlos Bianchi Angleró, Jesús Santa Rodríguez, Nelson Torres Yordán, César Hernández y Carlos J. Méndez Núñez, sostiene que el Alto Foro falló en cumplir con ciertas condiciones de notificación y que el aumento no se justifica porque ya hubo uno recientemente por lo que la Rama Judicial debe recortar gastos.

A tales efectos, ‘no se justifica un aumento de los derechos arancelarios en el Tribunal General de Justicia, a apenas cuatro años de haber recibido el último cambio en la ‘Ley de Aranceles’. Es por lo anterior que ejerciendo nuestras facultades constitucionales esta Asamblea Legislativa no aprueba al aumento solicitado’.

La Asamblea Legislativa ‘desaprueba el aumento en los derechos arancelarios establecidos en la Resolución Núm. ER2015-1 emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 9 de marzo de 2015, y no considerará la misma para su aprobación’, reza la resolución concurrente cameral 51.

El pasado 9 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó una resolución aumentando el precio de los derechos arancelarios en los procesos civiles con la oposición de tres jueces asociados

Según la resolución, el Tribunal Supremo estaba obligado por ley a notificar a la Secretaría de los Cuerpos Legislativos la decisión emitida el pasado 9 de marzo, para que sea aprobada o rechazada por la Asamblea Legislativa así como someter informe expresando los fundamentos para sustentar la movida. La resolución fue notificada erróneamente a la oficina de asesores del Presidente de la Cámara, y no fue hasta el 25 de marzo de 2015 que la Secretaría tuvo conocimiento de dicha notificación.

‘Por otro lado, dicha notificación debía ir acompañada de algún informe técnico que colocara a los legisladores en posición de evaluar responsablemente la petición de aumentos de los aranceles… La notificación emitida por nuestro Alto Foro se limitó a agrupar en un sobre la resolución y las opiniones de los miembros del Pleno y enviarla al recinto donde habitan los Cuerpos Legislativos’, reza el documento.

A tales efectos, la Cámara estableció que el Tribunal Supremo incumplió con notificar debidamente la Resolución de referencia, ni notificó el informe técnico a los presidentes de los Cuerpos Legislativos según exige la Ley.

‘Sabido es que la falta de una debida notificación en las causas adjudicativas es una violación al debido proceso de ley. Lo menos que cualquier tribunal hubiese determinado, en circunstancias similares, sería la desestimación del caso. No obstante lo anterior, con todo y el craso incumplimiento, damos por notificada la Resolución, haciendo constar que no se acompañó con ésta ningún informe técnico que la sustente’, dice el documento.

Al destacar, sin embargo, que a la Asamblea Legislativa le toca pasar juicio sobre la delegación parcial que se la ha conferido al Tribunal Supremo para establecer los derechos arancelarios en los procesos judiciales y que no abdicó esa responsabilidad, la resolución establece que no es momento para un aumento en los aranceles cuando ya se hizo uno hace apenas cuatro años. En aquella ocasión, la Asamblea Legislativa entendió que el aumento era necesario toda vez que la Oficina de Administración de Tribunales alegó que mediante éste se proponía simplificar y modernizar sus facilidades y agilizar procesos.

‘Sin embargo, en esta ocasión las razones son medidas económicas y alegados problemas de liquidez de la Rama Judicial. De la Resolución emitida, y principalmente del voto particular de conformidad emitido por la Jueza Presidenta, (Liana) Fiol Matta, no nos lleva a concluir que la Rama Judicial no tiene otros recursos o medidas para acortar gastos. Las otras dos Ramas Constitucionales han tenido que hacer esfuerzos titánicos para reducir gastos, que incluyen desde la reducción sustancial de contratos privados, hasta una mejor utilización de los recursos muebles e inmuebles del gobierno. En la Asamblea Legislativa, los legisladores se redujeron su compensación económica significativamente y desde hace años eliminaron la utilización de vehículos públicos para los legisladores. Todo el pueblo, especialmente los empleados públicos, han tenido que poner su grano de arena para lidiar con esta crisis económica’, dice la resolución.

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