Al catalogar como ‘serias’ las alegaciones recibidas en el Tribunal Federal tanto del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio como de personal de las Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), de presuntas violaciones cometidas por el Gobierno a las estipulaciones del histórico pleito de clase de Roberto Navarro Ayala v. Rafael Hernández Colón, el juez federal Francisco Besosa decidió abrir una investigación.

Sin embargo, durante la vista efectuada en la mañana del viernes Besosa afirmó que todavía no estaba en posición de determinar si concede el pedido del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio de que se reabra el caso relacionado a los pacientes de salud mental.

Mientras tanto, ordenó que se le asigne a un abogado al Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, pues a su entender necesitan asistencia legal y al ser una entidad tienen que estar representados por un letrado.

Además, ordenó que se designe un nuevo monitor federal, porque la condición de salud del exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, David Helfeld, le impide volver a ejercer dichas funciones.

Al momento, Besosa está evaluando la manera en que se les pagará tanto al abogado del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio como al monitor federal. Destacó que iba a auscultar cómo en el pasado el juez federal Héctor Laffitte había determinado dichos pagos.

El presidente del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Víctor Báez, le agradeció a Besosa ‘por interesarse en el caso y ayudarnos nombrando un abogado. Hay muchas violaciones, muchos abusos’.

A lo que Besosa reiteró que eso era precisamente lo que iba a investigar.

Posteriormente, Báez manifestó a NotiCel que estaba ‘contento porque el juez Besosa se fue a favor de nosotros’.

Este señaló que estaba confiado en que el caso prosiga y consigan un fallo a favor del Grupo, en aras de que se les restituya los servicios integrados que al momento les han sido eliminados. De hecho, sostuvo que tienen evidencia para probar sus alegaciones.

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