El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames Soto, favoreció el martes, que se deje a la libre competencia el precio del cafe.

Los agricultores, en tanto, pidieron que se permita un aumento de dos dólares por libra en el precio del café, sin embargo, Adames Soto, respondiendo a preguntas, señaló que el estudio que realiza el DACO sobre el café no se acerca a esa cantidad.

Los señalamientos se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Agricultura, Seguridad Alimentaria, Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur, que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, en la que se consideró la Resolución del Senado 1005, que ordena a la Comisión realizar una investigación sobre en qué etapa se encuentra el informe de aumento del precio del café que se establece por la Ley 222-2008 que faculta al DACO, a realizar cada cinco años una revisión en el precio del café, por recomendaciones establecidas en el Comité constituido por ley. Adames Soto anticipó que mañana se reunirá con los agricultores y espera entregarles copia del informe del Comité, que ya está finalizado, y registrar el mismo en el Departamento de Estado y, transcurridos 30 días, éste entrará en vigor.

Los caficultores José González Freytes, Wilfredo Ruiz y José Luis Torres pidieron que se elimine el control del precio del café y se deje el mismo a la libre competencia y sugirieron que se aumente los aranceles al café importado, y advirtieron que si no se actúa con prontitud, dicha industria va en camino a desaparecer, como sucedió con la industria de la caña. Asimismo, criticaron que la ley que obliga a poner etiquetas al producto debe revisarse, ya que en las góndolas se está vendiendo café etiquetado como café 100 por ciento puro puertorriqueño, cuando en realidad es que el mismo es completamente importado.

De otra parte, González Freytes señaló que el DA no actuó diligentemente en el precio de la leche, lo que provocó que el caso se viera en el foro federal y ello representó un costo de 125 millones de dólares al Gobierno de Puerto Rico. Advirtió que la industria del café podría llevar un caso en los tribunales, en caso de que no haya acción inmediata de parte del Gobierno.