La Coalición Sindical se opuso el martes a la propuesta Reforma Contributiva ante la Comisión senatorial de Hacienda a la que solo asistió su presidente, senador Jose Nadal Power, porque retrasará la recuperación económica de la isla, generará inflación y quitará poderes adquisitivos a la clase trabajadora.

Durante la vista, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí hizo un análisis del informe de KPMG y otros estudios para esbozar su posición. La medida en evaluación propone un Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 16% sobre bienes y servicios acompañado de una reducción en la tasa de contribución sobre ingresos.

La Coalición reclamó que la base de la reforma sea la privatización al destacar la asignación de unos $34 millones para contratar a una compañía privada para administrar el IVA en vez de entrenar a empleados del Departamento de Hacienda.

De igual modo, destacó que ya los puertorriqueños han visto una reducción en su poder adquisitivo de un 15% desde el 2006. Ante ese escenario el propio informe de KPMG destaca que de adoptarse la reforma con un IVA de 16% el efecto sobre el producto interno bruto será de negativo 0.53% lo que llevaría a la isla a otro año sin crecimiento. Dentro de ese contexto, la reforma reduciría el poder adquisitivo entre un 9% a 16%. ‘De ser así, por qué se insiste?’, cuestionó.

Ante las alegaciones de que la reforma no traerá inflación, el líder del sindicato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) destacó que Las Bahamas, país que impuso un IVA en enero de un 7.5%, ya sufrió alzas de precios de sobre 2%.

Destacó que entre el 1987 y el 2015 se han llevado a cabo cuatro reformas contributivas en Puerto Rico y de esta aprobarse sería la quinta. Todas las reformas han tenido el mismo propósito de eliminar la evasión y promover la justicia contributiva, metas que no se han logrado.

La Coalición reiteró su llamado a revisar la legislación de incentivos industriales y revisar las tasas de las contribuciones. Además propuso la creación de un sistema nuevo de propiedad inmueble de carácter progresivo y que se conceda un crédito sobre ingreso de 10% a 15% para motivar la gestión del trabajo.

De otra parte, el líder sindical de la Unión Independiente Auténtica (UIA) rechazó que se elimine la exención contributiva contenida en el Artículo 10 de la Ley de Despido Injustificado por ser necesaria para que la indemnización que se reciba en la coyuntura de un despido de un empleado privado sea mayor.

Por otro lado,la miembro de la Coalición y presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Annette González,destacó que un análisis del informe de KPMG arrojó que la reforma resultará en un incremento de $2,400 millones anuales en la carga contributiva de individuos y en una reducción de $449 millones anuales para las corporaciones.

Los análisis del Departamento de Hacienda revelan que los pagos por regresividad a personas con ingresos de $20,000 o menos harán que salgan igual pero todas las demás categorías de ingreso saldrán perdiendo con la implantación de la reforma.

González apoyó la propuesta de tres legisladores populares, Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres y Manuel Natal, de reestructurar la deuda y pagarse solo aquella que sea legítima. Sin embargo, dijo que la reestructuración debe ir acompañada de un programa para reactivar la economía y evitar las privatizaciones.

Además de aumentar la responsabilidad contributiva de empresas que gozan de incentivos, González apoyó la propuesta de un impuesto a las megatiendas, tal y como se ha propuesto en la Legislatura.

La Coalición propuso legislación para prohibir que la Oficina de Exención Contributiva de la Compañía de Fomento Industrial de forma unilateral incluya disposiciones que afecten los ingresos el fisco en los decretos de exenciones.

‘Se debe diseñar un esquema de incentivos regionales que fomente la inversión tanto local como externa y promueva la innovación y la transferencia de tecnología’, propusieron.

Los deponentes también fueron interrogados por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Seilhamer y Padilla, así como populares Luis Rivera Filomeno y Ángel Rodríguez Otero en instancias separadas ya que la audiencia duró cerca de 3 horas, según informara el portavoz de prensa del Senado, Israel Morales.

*Modificada para agregar aclaración de portavoz el prensa del Senado.