La Iglesia Católica en Puerto Rico podría dejar de oficiar matrimonios civiles desde sus iglesias tal como hasta ahora se hace ante la nueva postura del gobierno central de ‘no defender la constitucionalidad’ de la legislación vigente que reconoce que el matrimonio es entre parejas heterosexuales exclusivamente.

‘Aquí, por ejemplo, el casamiento por la iglesia es al mismo tiempo un casamiento civil. Tendríamos que preguntarnos si queremos continuar con ese arreglo. Hay países donde el matrimonio civil es una cosa y el matrimonio religioso es otra. Habría que repensar si queremos seguir prestando ese servicio al Estado… eso es un servicio que se le presta al Estado y el Estado se economiza mucho dinero’, señaló González Nieves al finalizar la misa del domingo en la Catedral de San Juan.

Las declaraciones de González Nieves surgen luego de que el gobierno, a través del Secretario de Justica, decidiera no abogar por la disposición del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, en donde se establece que ‘el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa’, abriéndose así al reconocimiento implícito del matrimonio entre parejas de un mismo sexo.

El Arzobispo señaló que en Colombia y en México la Iglesia Católica no oficia ceremonias de matrimonios civiles.

Al presente, las iglesias en Puerto Rico –católicas y protestantes – llevan a cabo el trámite civil del casamiento velando por el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Estado y llenando la licencia matrimonial, documento que luego es remitido a la autoridad competente. De ocurrir que los sacerdotes en las iglesias católicas dejasen de asumir esa responsabilidad, aquellas parejas –heterosexuales – interesadas en casarse civilmente tendrían que acudir a un tribunal de justicia para cumplir con el trámite.

González Nieves señaló que en el caso del matrimonio entre personas de un mismo sexo, este incide sobre uno de los siete sacramentos de la Iglesia y que las diferencias con el Estado no implican que la Iglesia dejaría de colaborar con el estado en otros aspectos.

‘Nosotros administramos un sacramento. En la Iglesia hay siete sacramentos, y uno de ellos es el matrimonio… El estatus jurídico no lo establece la Iglesia. Nosotros queremos orientar a la luz de nuestra ética, a la luz de nuestros principios de justicia social, pero no queremos imponer’, explicó González Nieves.

Mientras, se espera que en los próximos meses el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita una decisión en relación a la constitucionalidad de la ley DOMA (‘Defense of Marriage Act’), aprobada en 1996, la cual establece que los estados tienen la autoridad para decidir si reconocen o no el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Varios analistas y comentaristas en ese país han señalado que existe una alta probabilidad de que ese foro federal declare inconstitucional las disposiciones que limitan el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo para propósitos de recibir beneficios federales para personas casadas. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos tendría efecto también en Puerto Rico. Específicamente, invalidaría toda ley que de alguna manera limite el acceso a beneficios del gobierno federal a personas casadas, indistintamente que sean del mismo sexo.

Sobre el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos tengan vigencia en Puerto Rico, por virtud de la relación de subordinación política existente, el prelado señaló que el país debe ponderar ‘la impotencia’ de sus tribunales.

‘Puerto Rico debe reflexionar sobre la impotencia de nuestro sistema jurídico. Si los puertorriqueños y las puertorriqueñas van a ser realmente los protagonistas de su historia, de su presente, de su futuro, pues no debe de haber ningún obstáculo para que ejerza a plenitud esa libertad’, señaló González Nieves.