La tristeza, el desconcierto y la frustración arroparon al sector religioso del país luego que el secretario de Justicia, Cesar Miranda, anunciara hoy viernes que el gobierno no continuará defendiendo la postura de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para la pastora Wanda Rolón, es ‘un día nefasto para Puerto Rico’ y el gobierno fue ‘contra el mismo Dios’.

Mientras, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, cuestionó ‘Quién le ha otorgado al gobierno la autoridad para redefinir el matrimonio?’ Además, planteó que la postura del Gobernador de ‘no defender la legislación actual que, solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer, es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza’.

El Arzobispo defendió una sociedad que proteja los derechos de sus ‘hijos e hijas’ homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero, pero limitándose a orar por ellos y condenar los crímenes de odio. Sin embargo, ‘esto no justifica que su unión sea análoga al matrimonio hombre y mujer, única unión capaz de transmitir vida y que refleja el designio del Creador. EI Estado tiene que resolver este reclamo de otra manera’, reclamó.

De igual modo, González Nieves cuestionó el cambio de postura de Alejandro García Padilla. ‘La mayoría de nuestro pueblo esperaba que el Gobernador mostrara consistencia y defendiera la actual legislación que solo permite en Puerto Rico la celebración y el reconocimiento del matrimonio hombre-mujer, es decir, el matrimonio natural’, dijo el también Presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

Para el Arzobispo, ‘No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundamental ante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. EI deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos’.

Por último, González Nieves exhortó a la ciudadanía a ‘iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado’.