El Juez Gustavo Gelpí ordenó al gobernador Alejandro García Padilla nombrar una persona que lo represente en todos los eventos en los tribunales como parte de la reforma de la Policía de Puerto Rico para que tenga conocimiento de lo que ocurre.

‘La corte recalca que esto no es un nombramiento inusual. En el caso de reforma de las cárceles así como en el caso de la reforma de Salud, pasados gobernadores nombraron a dichos individuos’, sostiene la orden de Gelpí emitida el viernes.

La persona seleccionada no servirá como asesor de la Policía pero sí debe tener contacto directo con el Asesor de Cumplimiento Técnico o TCA, Arnaldo Claudio y con los asesores de las partes, indica la orden.

La orden de Gelpí ocurre luego que el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez se expresara insatisfecho con el primer informe sobre el estado de la reforma radicado hace un mes en el Tribunal Federal.

Según Ramírez, el informe era un relato de actividades y esfuerzos dirigidos a crecer el cuerpo policial en vez de relatar el esfuerzo para tratar de promover que se cumplan con protocolos relacionados con los derechos civiles, la violencia de género y los abusos de menores en las instituciones del Estado

El informe, el cual se hizo luego de que se firmara el acuerdo de la reforma hace ya un año y medio, establecía como logros el establecimiento de la oficina del asesor técnico, el reclutamiento de 42 empleados y la celebración de adiestramientos sobre cómo disparar armas letales y no letales, como gas pimienta, que provocaron controversia en el pasado.

El documento también incluyó una sugerencia de Claudio a favor de legislación para uniformar con los de la Policía estatal los reglamentos por los que deben regirse los miembros de los 76 cuerpos de Policía Municipal existentes.

Ramírez denunció que todavía ocurren violaciones de derechos civiles en la Uniformada como la incautación de teléfono inteligentes, agresiones y amenazas dirigidas a desestimular la radicación de querellas, registros y allanamientos ilegales.