La contralora Yesmín Valdivieso reveló el jueves el informe de auditoría M-15-19 que contiene varios señalamientos entre los que está el uso indebido de dos computadoras del Departamento de Finanzas del municipio de Rincón para acceder a material de índole sexual, lo que conlleva violación al Artículo 255 del Código Penal.

‘De la revisión del contenido del disco duro de dichas computadoras, se determinó que del 12 de agosto de 2009 al 22 de septiembre de 2011, se utilizaron indebidamente dos de estas computadoras para acceder a 49 archivos de índole político partidista, a 11 con material de índole sexual y a 4,739 de índole personal, tales como: fotos, página de redes sociales y gestiones de compra a través de Internet’, reza la auditoría de 52 páginas.

‘Ambos empleados nos declararon (a los auditores) que utilizan su contraseña para acceder a la computadora y que nunca han compartido la misma con ninguna persona’, detalla el documento.

El informe señala que del 22 de septiembre al 10 de octubre de 2011, los auditores examinaron cuatro computadoras de escritorio, de las que dos estaban asignadas al Departamento de Finanzas; una a la Oficina del Alcalde y una a la Oficina de Cultura y Turismo.

‘El uso de las microcomputadoras para procesar documentos y examinar archivos de carácter privado es contrario al interés público, y desvirtúa los propósitos para los cuales fueron adquiridas. Además, propicia la comisión de irregularidades y la concesión de ventajas, beneficios y privilegios que no están permitidos por Ley. De los hechos comentados… puede haberse configurado el delito tipificado en el Artículo 255 del Código Penal de Puerto Rico’, indica la auditoría.

Este hallazgo además señala la falta de controles internos y ausencia de auditorías relacionados con el uso y la protección de las computadoras. La auditoría establece que una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría M-11-24 del 28 de marzo de 2011. El informe tiene fecha del 13 de febrero y el periodo auditado es entre el primero de julio de 2009 al 30 de junio de 2012, bajo la administración del actual alcalde, Carlos López Bonilla.

Por otro lado, la auditoría identifica 29 posibles cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas así como la intervención indebida de una funcionaria y una empleada municipal. Además, señala que unas compras se efectuaron a un proveedor distinto al que se le había adjudicado la subasta. Las desviaciones relacionadas con las cotizaciones y las subastas se refirieron al secretario de Justicia y a la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental el 17 de septiembre de 2013 y la relacionada al uso de las computadoras el 6 de agosto de 2012.

También menciona deficiencias relacionadas con la adjudicación de una subasta; y compras efectuadas a un proveedor distinto al que se le había adjudicado la subasta de piezas, de accesorios, de repuestos y de reparaciones de equipos diesel; así como un nombramiento sin confirmar por la Legislatura Municipal y sueldos asignados incorrectamente a dos pensionados nombrados.

Por otro lado, la auditoría señala irregularidades sobre la compra de equipos pesados fuera de Puerto Rico sin ser remitida a la Junta de Subastas para aprobación; y sin que los proveedores ofrecieran garantías para los equipos; deficiencias relacionadas con la adquisición de cuatro terrenos.

Otro de los señalamientos se relaciona con puestos vacantes de Recaudador Oficial y de Pagador Oficial cuyas funciones eran realizadas, en forma interina, por empleados durante un período prolongado; y ausencia de un Plan de Clasificación y de Retribución actualizado para la Policía Municipal y Faltas de controles en las operaciones relacionadas con el Garaje Municipal y deficiencias relacionadas con la propiedad municipal y con los expedientes de accidentes de vehículos municipales.