El Departamento de Justicia reconoció hoy viernes que no interviene en el proceso de selección de jueces, a menos que así lo pida Fortaleza. Sin embargo, admitió que es necesario liberar de presiones políticas o de cualquier índole a los funcionarios de los tribunales, incluyendo a los fiscales.

Asimismo, Justicia coincidió con la propuesta de la Resolución Concurrente 7 de la Cámara de Representantes, que busca enmendar la Constitución para que los nombramientos de los jueces que no sean relativos a plazas del Tribunal Supremo, sean regidos por legislación especial para que el mismo no recaiga en ninguna de sus etapas en manos de la rama ejecutiva ni de la legislativa. Las expresiones fueron hechas en la vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por el representante Luis Vega Ramos.

Además, Justicia señaló que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos cuyo nombramiento de fiscales lo realiza exclusivamente la Rama Legislativa, y utilizó como ejemplo otros estados donde el nombramiento de los fiscales lo realiza el Fiscal General, quien es elegido por el Gobernador, pero para ambos casos (electos o nombrados) es el Fiscal General quien tiene la potestad de nombrar al resto de los fiscales y de asignarle sus funciones.

En el caso de España, el proceso de nombramientos queda totalmente excluido de las esferas políticas, y el mérito es lo único determinante. ‘La implementación de un escenario parecido al Español resultaría de mucho beneficio para nuestro Departamento y para quienes terminarán entrando al ministerio público’, sugirió el Departamento de Justicia.

Por su parte, la jueza administradora de Tribunales, Isabel Llompart, dijo que la medida legislativa debe ser objeto de revisión. ‘Tal y como está redactada la Resolución… someterá a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, y a los jueces y juezas de Tribunales, de inferir jerarquía a distintos regímenes de selección sin esbozar una justificación expresa para ellos o un razonamiento lógico que se desprenda de la iniciativa legislativa. Dejaría también la designación de los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones, y del Tribunal de Primera Instancia a lo que se provea mediante legislación especial, siempre que en tal designación no intervenga la rama ejecutiva, ni legislativa. Sin embargo, en lo que respecta a los jueces y juezas del más Alto Foro Judicial, se mantendría intacto el mecanismo de nominación por el Primer Ejecutivo del País, y de consejo y consentimiento por parte del Senado de PR, sistema que la propia exposición de motivos de la medida identifica como un factor vulnerable el principio de independencia judicial’, sostuvo.

Mientras, el exjuez Ángel Hermida, expresó que, ‘solo con una enmienda constitucional se puede establecer un sistema con mejores posibilidades de proteger el sistema de nombramientos de jueces de la aciaga influencia del excesivo partidismo político’.