Cerca de 40 organizaciones de medicos y proveedores de salud se reunieron el martes en la noche para discutir la posibilidad de unirse a una demanda contra la Oficina del Comisionado de Seguros por la creación de un reglamento que imposibilita la negociación colectiva con las aseguradoras.

El Colegio de Médicos Cirujanos radicará la demanda dentro de dos semanas, y le ha avisado a las demás organizaciones para que consulten con sus respectivas directivas.

‘No podemos trabajar en un sistema de esclavitud donde el reembolso sea menor de lo que estás pagando (por el medicamento)’, resaltó el emergenciólogo pediátrico Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, en entrevista conNotiCel. Ilustró, por ejemplo, la incongruencia de la vacuna Prevenar, utilizada para la neumonía, que cuesta $150, pero las aseguradoras sólo pagan $130.

‘Esos son abusos que no está permitiendo la negociación colectiva’, mencionó el médico.

El Colegio pretende demostrar la ilegalidad de la Regla 91 del 23 de diciembre de 2008, bajo la comisaría deDorelisse Juarbe Jiménez, yavalado por los Secretarios de Justicia y de Salud, Roberto Sánchez Ramos y Johnny Rullán, respectivamente. Esta regula las negociaciones colectivas entre las organizaciones de servicios de salud o administradores de terceros con los proveedores y sus representantes, pero los potenciales demandantes dicen que es de imposible implantación. Más aún, indican que ese reglamento entorpece la Ley 203 del 8 de agosto de 2003, que enmendaba el ‘Código de Seguros de Puerto Rico’.

La regla aprobada cuatro meses después consta de 36 páginas y siete artículos, mientras que la Ley 203 constaba solamente de cinco páginas y cuatro artículos. Es decir que el reglamento es mucho más específico en cuanto al procedimiento de la negociación colectiva, lo cual a juicio de los médicos colegiados obstruye el objetivo de la Ley, que era dotar a los proveedores de la capacidad de negociar por cuestión de los honorarios y tarifas; las guías de la práctica clínica y los criterios de cubierta; los procedimientos administrativos;así como la formulación y aplicación de los métodos de reembolso.

Ramos mencionó que la oficina del Comisionado de Seguros se ha dedicado a favorecer a las aseguradoras mediante sus reglamentos, y que ese es el verdadero problema de la salud en Puerto Rico. ‘Por primera vez, estamos reconociendo que ese es el problema… No estamos peleando con la Secretaria de Salud, ni con el director de ASES, porque realmente quienes atropellan todos los procesos son los comisionados de seguros’, enfatizó sobre quienes deciden cuánto cobran los proveedores de salud, en detrimento o beneficio de los servicios.

Esa regla implementa, por ejemplo, el funcionamiento de la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros en la regulación, supervisión y aprobación de las tarifas para establecer las primas, y dispone el procedimiento para la autorización de aumentos en deducibles, copagos, primas o tarifas.

El establecimiento de las tarifas tiene un efecto directo en el servicio de salud otorgado a la ciudadanía. En algunos casos, implica el éxodo de especialistas médicos, que ganan más en Estados Unidos, pero en otros implica la escasez de algunos servicios. Sólo el 7% de los pediatras vacunan, según Ramos. Comprar la última tecnología para radiología u otros tratamientos también resulta difícil cuando no se quiere compensar esa inversión. ‘Tenemos muchos médicos que podrían estar haciendo cosas en Puerto Rico, que no pueden hacer debido a que los reembolsos son muy bajos’, reiteró el cirujano.

En momentos en que el Gobierno de Puerto Rico se vale de los costos bajos de los servicios de salud para promover el turismo médico, Ramos criticó la existencia de una doble vara: los doctores en Puerto Rico cumplen con todos los estándares de EE.UU., pero ganan menos de la mitad. Datos del Colegio de Médicos Cirujanos revelan que más del 60% de los médicos ganan al mes $3,000 o menos.