La Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) presentó la primera ‘Estrategia Antidrogas para la Frontera del Caribe’ (CBCS) con la que pretenden restablecer la seguridad y reducir la violencia asociada al narcotráfico en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

El documento, de 46 páginas, enumera los pasos a seguir por los federales y sus recomendaciones para que cada vez sea menos el tráfico de drogas ilegales teniendo en cuenta de forma básica como es que operan los delincuentes.

El plan consiste en:

1. Mejorar las capacidades de inteligencia e intercambio de información y los procesos asociados con laFrontera del Caribe.

2. Prohibición de ganancias por la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos y entre los puertos de entrada al Caribe.

3. Prohibición de ganancias por la venta de drogas en los ámbitos aéreos y marítimos alrededor de la Frontera del Caribe, así como maximizar la evidencia y la recopilación de inteligencia para apoyar las investigaciones penales dando lugar a redes de escalón y superiores.

4. Desarticular y desmantelar las organizaciones criminales trasnacionales que operan en y alrededor de la Frontera del Caribe.

5. Reducir sustancialmente el nivel delitos violentos en Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas a causa del narcotráfico.

6. Fortalecer las comunidades y reducir la demanda de drogas.

Esto se logró a través de las gestiones del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi y el congresista José Serrano de Nueva York quienes fueron informados del plan previo a su publicación. El documento será actualizado cada dos años.

‘La estrategia se concentra en la frontera americana en el Caribe, principalmente en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y no en naciones soberanas en la región. Estoy seguro de que, con una estrategia abarcadora para luchar contra la violencia relacionada a las drogas en Puerto Rico –que servirá para coordinar los esfuerzos de los departamentos federales de Justicia y de Homeland Security, así como de otras agencias federales- la situación de la seguridad en Puerto Rico continuará mejorando’, explicó Pierluisi en un parte de prensa.

El escrito establece que la cocaína es la principal amenaza de drogas y una fuente de violencia asociada en la región del Caribe, seguida por la violencia asociada a la marihuana, heroína y drogas recetadas.

Los narcotraficantes han utilizado durante mucho tiempo la República Dominicana como un punto de transbordo para la cocaína enviada desde América del Sur hacia el territorio continental de los Estados Unidos y Europa. Debido a los esfuerzos policiales de la Isla hermana, en conjunto con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), se ha logrado reducir el tráfico aéreo, pero aumentó el marítimo.

Asimismo ha habido un aumento de la cocaína detectada en cargas a través de transporte marítimo directamente a las inmediaciones Puerto Rico.

Sobre la base de estadísticas e informes del Departamento de Policía de Puerto Rico (PPR), las tasas de homicidio pueden ser atribuidas a luchas de poder entre los puntos de drogas para abastecer a una demanda cada vez mayor de sustancias ilegales. Estos grupos utilizan con frecuencia la intimidación, la violencia y el asesinato para ganar y mantener el control de los mercados de drogas al por menor.

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el 2012 la economía subterránea en el país gana un estimado de entre $13 millones y $14 millones al año. Estos fondos representan una pérdida de los recaudos impuestos por el gobierno de la Isla que se aproxima a los $700 millones.

El aumento en la frecuencia y el alcance de la actividad económica subterránea en Puerto Rico tiene un impacto directo en el desempleo y aproximadamente unos $5,000 millones están relacionados a la economía subterránea como resultado de contrabando de drogas y trata de personas.

Según el comunicado de prensa enviado por Pierluisi sus esfuerzos ‘han producido resultados extraordinarios. Debido a los pasos que las agencias federales han tomado recientemente a instancias del Comisionado Residente, en el 2014, hubo 681 asesinatos en Puerto Rico, 40% menos que en el 2011 (1,136 asesinatos), 30% menos que en el 2012 (978 asesinatos) y casi 25% menos que en el 2013 (883 asesinatos’).

Se adjudicó además que ‘la Guardia Costera aumentó sustancialmente el tiempo en que sus embarcaciones y aviones realizan operaciones de intervención de drogas en las aguas alrededor de Puerto Rico. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas destacó 30 agentes adicionales en la Isla, quienes han arrestado a unos 900 criminales violentos e incautado más de 450 libras de narcóticos, 650 armas ilegales y 40,000 cartuchos de municiones, así como el Gobierno federal asignó a San Juan un Equipo de Seguridad Fronteriza (‘Border Enforcement Security Task Force’, (BEST), diseñado para desmantelar organizaciones criminales, compuesto por agentes federales y locales de distintas agencias de orden público’.

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