Durante la reunión informativa de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), se discutió el status de los proyectos mayores de la corporción pública, saliendo a relucir el retraso ‘obligado’ que tendrá el Aguirre Offshore Gas Port.

Sobre la facilidad para transportar a la central gas líquido a través de una tubería sumergida, no se publicará la declaración de impacto ambiental, que debía salir este viernes, luego que el Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) declarara a último minuto que tiene jurisdicción sobre el proyecto.

No obstante, ya se le entregaron los documentos que solicitó. Con este atraso, los permisos se podrían salir en mayo, y la declaración estará lista en febrero.

También salió a relucir que la tubería estará sumergida totalmente, excepto en el área que se conoce como Boca del Infierno, por ser una área sensitiva. Por disposición del Coast Guard, el área de 500 yardas alrededor del terminal flotante será restringida a la navegación. El barco que llevará el gas natural es uno construido en el 2010 y está en Argentina, por lo que la Junta de la AEE negó que se fuera a construir un barco.

Se confirmó información previamente publicada por NotiCel de que la operación del proyecto se hará por tres contratos que se firmaron en marzo y que totalizan unos $400 millones con Excelerate Energy. Uno es para almacenaje y gasificación, el segundo es un ‘Acuerdo de Infraestructura’, y el tercero es un acuerdo de Operación y Mantenimiento.

Otro proyecto de envergadura de la coporación será traer agua del Lago Patillas para suministrar a las unidades de la Central Aguirre y ahorrar dinero debido a que el agua que se usa actualmente de pozos es sumamente dura y hay que usar químicos para suavizarla.

Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, dijo que espera que el costo por kilovatio-hora continúe bajando en enero debido a la baja en el precio de combustible por lo que se espera que los consumidores vean alivios en sus próxima factura.

Desde octubre hasta diciembre, las facturas de energía han bajado en un 17%, dijo Alicea durante una corta presentación sobre los precios de combustible, uno de los factores que contribuye a los altos costos de energía.

Mientras, la oficial principal de restructuración, Lisa Donahue, dijo como parte de su presentación que se está enfocando en hacer mejores proyecciones sobre costos de combustible para ayudar a la AEE hacer ajustes, y evaluando tener conversaciones con los vendedores de combustible con miras a renegociar contratos.

Entretanto, no se mencionó en la reunión si la AEE estaría obligada a solicitar una extensión a la EPA de la fecha del 16 de abril, límite para cumplir con nuevos requerimientos de emisiones de mercurio. NotiCel contactó a la Autoridad, pero no obtuvo respuesta inmediata.

En el área de servicio al cliente, una de las medulares, su director Jaime Plaza, reveló que se consolidarán las oficinas de servicios de 34 a 26, además de que todavía no se ha determinado hasta cuánto se va a reducir el periodo que se toma para suspender la electricidad por falta de pago, que actualmente es de unos 60 días. Se esté evaluando enviar un aviso sobre corte antes de hacerlo.

Plaza dijo que para el 31 de enero se espera lograr que el Departamento de la Vivienda transfiera fondos para el pago de luz de clientes en los residenciales públicos.

El tiempo de espera en las llamadas, actualmente de unos 20 minutos, ha ido bajando en parte porque luego de cinco minutos de espera, se pasa a un centro de llamadas alterno para lidiar con los casos que toman menos tiempo. Sin embargo, la diferencia solo es de tres minutos de espera menos.

Mientras, el ejecutivo de la compañía contratada para establecer protocolos de seguridad para la AEE, Dupont Sustainable Solutions, Héctor Lara, habló de forma general de sus visitas a las diferentes plantas y de que encontró áreas de preocupación. Aunque no ofreció detalles, recalcó que la necesidad de establecer una cultura de seguridad.

La OSHA recientemente multó a la AEE por sobre $300,000 por negligencia en relación a la explosión en julio en una planta en San Juan en donde murieron dos obreros y otros dos resultaron heridos.