El segundo arbitrio al barril del petróleo que propone la administración García Padilla, en menos de dos años, para atender la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) ha caldeado los ánimos de los legisladores populares, quienes se han expresado en contra de la política fiscal del Gobernador, por considerarlas desiguales y peligrosas contra el servicio público.

El propio senador Cirilo Tirado, así lo expuso en su voto explicativo radicado el jueves, donde dejó claro que ‘hoy, nos enfrentamos a un debate ideológico sobre la gobernanza pública’. Ese debate, entre la derecha y la izquierda del país, toma forma dentro del propio Partido Popular Democrático (PPD), donde militan personas de ambas vertientes.

Tirado criticó fuertemente el ala más conservadora, que lidera el Gobernador Alejandro García Padilla, por repetir ‘frases trilladas y propagandísticas, como disciplina fiscal, [y] reestructuración’, cuando lo que realmente intentan es reducir el gasto en nómina, así como privatizar los servicios, tal como hizo la Administración Fortuño a través de la Ley 7 y de las Alianzas Público-Privadas.

En sus expresiones más fuertes contra el equipo fiscal, Tirado dijo que la Rama Ejecutiva improvisa, y que los jefes de agencia ‘imponen sus ideologías como fincas privadas que no responden a una visión ordenada de política pública’. Reiteró, además, que se trata de una visión ‘fatalista contra el servicio público y de salvador al inversionista privado’, en una obvia referencia a la negativa del Estado de entrar en una moratoria de la deuda extraconstitucional, que permitiría aplazar el pago a los acreedores para invertir ese dinero en obra pública y en incentivar a la economía.

La cantidad del presupuesto que el Estado destina al pago de la deuda ha ido creciendo durante los últimos años. Según información provista por el Centro para la Nueva Economía (CNE), en una conferencia de prensa en junio, el servicio de la deuda para 2015 representa 16.2% del Fondo General, mientras que la cantidad invertida en mejoras permanentes o bienes públicos es de sólo 4%.

Sobre este particular, García Padilla ha expresado que no es una opción dejar de pagar a los acreedores, dado a que es una responsabilidad constitucional.

No es un grito solitario

La oposición del senador no es un grito solitario dentro de la casa de las leyes, donde ya otros senadores y representantes del mismo partido habían expresado su desaprobación con las medidas impositivas y de austeridad. ‘El equipo fiscal del Gobierno no sirve’, había sentenciado el jueves el senador Ramón Luis Nieves, en la emisora Radio Isla, ante la evidente incomodidad de que se estuviera trabajando ‘para Wall Street y no para la gente’.

El representante Manuel Natal fue quizá uno de los que se llevó la mayor cantidad de críticas públicas de La Fortaleza, cuando el secretario de Gobernación, Víctor Suárez, dijo a la prensa que su propuesta no era viable, y que habían otros intereses tras su oposición. Natal fue el único representante popular que votó en contra de la medida, aunque originalmente seis habían expresado sus reservas.

En su voto explicativo, el representante soberanista también recalcó que el equipo financiero ha sido ‘incapaz de distribuir equitativamente la carga de los problemas fiscales (…) para que no afecten el bolsillo al ciudadano’.

Más aún, Natal advirtió que ‘la confianza se erosiona’ ante la falta de transparencia con que han manejado los datos acerca de la situación financiera de la ACT, con una versión optimista en las vistas públicas de la Cámara, y otra, completamente distinta, que se discute a puertas cerradas con la Junta de Gobierno de la corporación.

Criticó también que hayan alegado, falsamente, que la emisión de bonos permitiría al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) otorgar préstamos para hacer más obra, cuando las obligaciones crediticias del banco se aproximarían a $900 millones en el próximo año fiscal.

En su voto explicativo, Tirado fue aún más claro en su oposición: ‘algunas personas han entendido que el camino es la privatización y la reestructuración, tal cual han intentado hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica’.

Roces y llamados a la cordura

La otra que recibió un balde de agua fría fue la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quien García Padilla agradeció públicamente por ayudar a cabildear a favor del arbitrio. Molesta con tales expresiones, Cruz convocó a una conferencia de prensa ese mismo día, en la que negó tales aseveraciones y reveló que recibió una llamada de un funcionario de La Fortaleza en la cual le amenazaban con que no aprobarían un préstamo del BGF para su municipio, luego de haber dicho en un canal que el arbitrio tendría un ‘efecto devastador en el partido’.

García Padilla ha expresado que el arbitrio al barril del petróleo no solo es necesario para atender la deuda de la ACT con el BGF, y darle liquidez al banco, sino que es la única alternativa del Gobierno.

Ante tales diferencias suscitadas en el epicentro del partido, el representante soberanista Luis Vega Ramos convocó a una reunión de emergencia para conseguir la reconciliación del liderato popular.

‘Las diferencias en la democracia son legítimas y, en el PPD, se tienen que resolver hablando’, exhortó.

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Voto explicativo Cirilo Tirado – NotiCel_9936

Voto explicativo Manuel Natal – NotiCel_9937