Luego de plantear la necesidad de modificar el Código Penal de 2012 por ser demasiado punitivo, las enmiendas a ese documento solo reajustan las penas en 11 de los 202 delitos, y le incluye penalidades a personas jurídicas o corporaciones en más de 60 delitos.

Además, se afectarían las sentencias de unos 437 reclusos, aunque no saldrían inmediatamente, según el copresidente de la Comisión para la Revisión del Código Penal, Luis Vega Ramos.

En la versión final se dejaron iguales las penas de casi todos los delitos y se optó por no modificar los delitos de incesto, bestialismo y adulterio, luego de la visita de líderes religiosos, según admitido por varios representantes durante el debate en la Cámara. El adulterio se había eliminado con las enmiendas debido a que la ultima convicción por ese delito fue en 1932, pero se restituyó.

Entre otras enmiendas, se eliminó el delito de aborto consentido por la mujer y la prohibición de anunciar clínicas que practican abortos. Se aumentó de 12 a 15 años la pena del delito de servidumbre involuntaria cuando el acto es cometido por el padre o madre o tutor de la víctima menor de edad.

También se redujeron las penas para los delitos de robo, robo agravado y el escalamiento.

No obstante, Código permite que haya mayor discreción judicial a la hora de imponer penas. Bajo las enmiendas propuestas se reincorpora la pena de restricción terapéutica, como medida rehabilitadora y se enmienda la restricción domiciliaria, para disponer que pueda imponerse en sustitución de la pena de reclusión en delitos graves cuyo término de reclusión dispuesto en el delito sea de ocho años o menos, o en delitos a título de negligencia.

De otro lado, se establece la figura del cooperador, eliminado en 2012, para penalizar personas que no son autores del crimen.

‘No entiendo cuál es la oposición de ustedes?’ cuestionó el representante Carlos Vargas Ferrer.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez amenazó con radicar una querella contra la mayoría en la Oficina del Contralor ya que el panel que evaluó el Código Penal comenzó a trabajar en abril sin incluir a la minoría.

El reglamento de la comisión conjunta se sometió en octubre, pero Meléndez dijo que no fue invitado a ninguna de las reuniones con los asesores, en violación a la decisión del Tribunal Supremo en 1989 en el caso de Silva vs Hernández Agosto, que prohíbe la exclusión de las minorías.

‘Nunca se discutió un plan de trabajo con nosotros. Nunca se me invitó a una reunión. Yo asistí a las vistas públicas porque no me pueden excluir de eso ‘, argumentó Meléndez.

Vega Ramos dijo que la decisión en el caso de Silva indica que la minoría tiene que tener participación en las etapas significativas del proceso legislativo, y no en las etapas antes de la presentación de un proyecto de ley.

En cuanto al Código, Vega Ramos destacó que si bien el proyecto de ley no es perfecto, era todavía una buena legislación. ‘Los invito a que aprueben el proyecto del Senado 1210 y que den al país una reforma al Código Penal y se allane el camino a la rehabilitación’, dijo.

Por su parte, el representante Luis Raúl Torres, sostuvo que hubo participación de distintos sectores como el religioso, y mencionó que los cambios solicitados por pastores como Carlos Pérez, Hilario Rodríguez, César Vázquez y Ricky Rosado, se incluyeron.

Más temprano hoy, la líder de la minoría, Jennifer González, amenazó con llevar a la mayoría al Tribunal por aprobar varias medidas en el primer turno de la sesión. La minoría planteó el hecho de que no había quórum, a lo que la mayoría ripostó que ese tema tenía que ser levantado en el segundo turno de la sesión.

González señaló a continuación que el aprobar los informes del comité de conferencia no se podía hacer en el primer turno. El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, decidió que su planteamiento no era válido.

Cerca de las 9:40 de la noche, la Cámara se aprestaba a votar por la aprobación del Código.