El portavoz de la mayoría en el Senado Aníbal Jose Torres dijo el lunes que las propuestas enmiendas al Código Penal en los casos de adulterio, incesto y bestialismo fueron eliminadas en comites de conferencia.

‘Lo que resta es aprobar, supongo que en el día de hoy lo hagamos, las enmiendas al Código Electoral, que se aprueben las enmiendas al Código Penal y 15 medidas adicionales que fueron objeto de comités de conferencia’, dijo Torres en una entrevista radial (WKAQ).

Por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla dijo en entrevista radial (Radio Isla) que aunque no sabe al momento como han quedado las enmiendas al Código Penal para poner su firma, las penas ‘no pueden ser draconianas’.

‘De lo que se trata es que las penas vayan a tono con el crimen. Tenemos casos en donde el juez decide absolverlo, porque la pena es desproporcional al delito. Y el juez entiende, a veces con razón, que la cárcel le hará peor a la persona’, dijo el mandatario.

Entretanto, Torres anticipó que la sesión ordinaria culminaría el martes y que se espera que hoy mismo el gobernador anuncie la fecha para la sesión extraordinaria.

El legislador dijo que en esa sesión extraordinaria se atendería el impuesto al petróleo para resolver la situación fiscal de la Autoridad de Carreteras (ACT).

Por otro lado, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) denunció las acciones de la Cámara de Representantes al eliminar del nuevo Código Penal el lenguaje que tipificaba como delito menos grave el discrimen por orientación sexual e identidad de género.

‘La Cámara forzó las enmiendas por presiones de representantes populares y penepés, que son conocidos por sus posturas fundamentalistas y que buscan imponer su credo religioso por encima de la equidad, entre estos: Nardeen Jaime, Brenda López de Arrarás, Roberto Rivera Ruiz de Porras, José ‘Pito’ Torres y ‘Tony’ Rodríguez Quiles del PPD, junto a parte de la minoría del PNP, con Quiquito Meléndez y María Milagros Charbonier, como exponentes’ denunció el portavoz de CABE, licenciado Osvaldo Burgos.

Entre las enmiendas al Código Penal, se encontraba añadir ‘Orientación sexual e identidad de género’ en el Artículo 180 de discriminaciones ilegales, el cual tipifica como delito menos grave esta acción y que actualmente cobija a toda persona por razón de ideología política, creencia religiosa, raza, color de piel, sexo, genero, condición social, origen nacional o étnico, o cualquier persona sin hogar al momento de realizar actos como acceso a servicios y tratamiento, trasportación, venta, traspaso o arrendamiento de propiedades públicas, acceso a préstamos para construcción de viviendas, entre otras. La enmienda propuesta salvaguardaría los derechos de las personas LGBTT que como cualquier otro ciudadano forma parte del quehacer diario de Puerto Rico.

‘El estado actual de derecho, y pese a la Ley 22 del 2013, no vislumbra como un acto discriminatorio el negar servicios por orientación sexual e identidad de género’, expresó uno de los portavoces de CABE, Gabriel Laborde.

El grado de intolerancia es tal, que en una visita a la oficina del representante Rivera Ruiz de Porras, su asesora legal comentó que, ‘hay que proteger a los religiosos’ en referencia a un supuesto acuerdo que existe en el que luego de la aprobación del PS 238 no se volverían a tocar derechos para las comunidades LGBTT.