La deficiencia administrativa y negligencia del Departamento de Educación (DE) en el caso de una niña con síndrome Down, atendido en la Corte Federal, evidenciado por una serie de fallas de comunicación y cumplimiento, llevaron al juez Jose A. Fuste a cuestionar si la escuela y el DE están involucrados ‘en un juego engañoso de señalar culpables’, sin hacer ningún esfuerzo por cumplir estudiantes de educación especial.

Fusté aprovechó este caso para poner en relieve ‘el abismo (que existe) entre el Departamento y la escuela’. La orden de 31 páginas ilustró varias de las deficiencias de la agencia en cuanto a comunicación y efectividad. Resaltó, por ejemplo, que la directora de la escuela Dr. Hiram González, de Bayamón, se enteró de la orden por correo electrónico; el DE no consideró necesario asesorarla sobre los servicios que requería la niña de quinto grado. Luego de recibir la notificación y contactar al abogado del DE, este le aconsejó que no hiciera nada hasta el primer día de clases. Pasó todo el verano sin que la escuela preparara el Programa Educativo Individualizado (PEI) para esta estudiante, requerido por Ley.

‘El DE y la escuela o bien carecían de la comunicación básica entre sí o están involucrados en un juego engañoso de señalarse con el dedo de culpa entre unos y otros, así como a la demandante (Ivis) Colón’, enfatizó.

Más aún, una recopilación de las comunicaciones entre la directora Contreras y el DE muestra que pese a que el DE indicaba que solicitaría las plazas a la oficina de presupuesto, pasaron meses sin que nada ocurriera. La secretaria asociada de Educación Especial, Carmen Santiago, contestó el mensaje inmediatamente fue remitido por el personal de su oficina, pero los recursos nunca llegaron, ni tampoco se visitó la escuela en ningún momento.

‘El DE a sabiendas e intencionalmente privó a la menor de la educación apropiada. El tribunal utiliza terminología adecuada de los casos criminales’, insistió Fusté.

Indicó también que, ‘hubo unos intentos del DE de ocultar que no había cumplido con la Resolución’. Esto debido a que la invitación para la reunión del diseño del PEI, incluía a Carmen Marrero como ‘maestra de educación especial’, sin que hubiera realmente un maestro asignado para la niña. Marrero, de hecho, no fue nombrada como instructora de educación especial hasta el 2 de septiembre, seis días después.

La niña tampoco recibió la dieta que requería su condición diabética, según aprobado por la nutricionista que había contratado el Departamento. Pese a que el comedor escolar tenía una carta con los alimentos ‘permitidos’ y ‘no permitidos’, la demandante indicó que la niña recibió en varias ocasiones raviolis con la salsa lavada, pizza y hot dog. La nutricionista se enteró del caso cuando recibió la citación del Tribunal. Indicó que nunca había visitado la escuela pese a que había aprobado dietas de estudiantes.

El juez le dio a la agencia 15 días para coordinar una reunión de equipo para preparar el plan individualizado de la estudiante. Indicó que se le deberá notificar a su madre por escrito con 10 días de anticipación. Ordenó, además, que se le pague a la demandante la cantidad que se le debe en gastos de transportación antes de 15 días.

Para asegurar el cumplimiento de la dieta que debe seguir la menor, la nutricionista de Educación deberá visitar el comedor escolar al menos tres veces al mes sin previo aviso y rendir un informe de cada visita que deberá ser sometido ante el tribunal.

‘La víctima es el niño cuyos padres no pueden pagar la educación privada – el único recurso aceptable para esta tragedia en estos días’, enfatizó Fusté.

El caso trasciende en momentos en que el problema histórico de incumplimiento que ha tenido la agencia se combina con un plan de reestructuración administrativa de la administración García Padilla para reducir los gastos gubernamentales. El Gobernador ha indicado que pretenden atender el problema de ‘personas que se lucran de la necesidad de los niños’ ante cuestionables contratos. Mientras, el secretario Rafael Román, informó que ordenó una investigación sobre la cantidad de estudiantes en el Programa de Educación Especial, que suman 159,000.

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Opinión del juez José A. Fusté sobre educación especial – NotiCel_8733