La Fortaleza renominó para ascenso al juez Diómedes González Velázquez a pesar de que es objeto de una querella por parte de la Procuradora de las Mujeres Wanda Vázquez Garced que lo acusó de actuar negligentemente en un caso de violencia domestica ocurrido en Aguadilla en el 2011.

El Senado recibió la renominación de González Velázquez, actual juez municipal, para juez superior en el Tribunal de Primera Instancia el 11 de septiembre, de acuerdo a la Oficina de la Secretaría. Esta acción presupone que la Comisión de Nombramientos Judiciales de La Fortaleza evaluó favorablemente al candidato junto a la propia Rama Judicial.

La renominación, hecha a pesar de la querella, llama la atención en momentos en que las autoridades federales investigan irregularidades por parte de jueces y en que el propio Tribunal Supremo ha reconocido que tiene que fortalecer sus medidas de fiscalización interna.

Vázquez Garced rehusó comentar el lunes sobre la renominación de González Velázquez y refirió a NotiCel a la querella que radicó contra el juez en el 2011 por la forma en que manejó el caso de Jennifer Toro Hurtado, luego de conocer de primera mano todos los trámites realizados por la mujer contra su agresor, Nelson Crespo Feliciano.

En el 2011, Toro Hurtado recibió dos impactos de bala en la espalda, uno en el abdomen y otro en la boca, propinados por Crespo Feliciano, de 45 años, quien la sorprendió en un supermercado en un centro comercial en Aguadilla. Luego de herirla, Crespo Feliciano se hizo un disparo en la cabeza.

De acuerdo a una investigación de la Procuradora, los hechos narrados por la víctima así como los expedientes del Tribunal como de la Fiscalía, Policía y de la Oficina de Servicio con Antelación al Juicio (OSAJ) demostraron que González Velázquez tuvo ante sí en varias ocasiones a la perjudicada Toro Hurtado con relación a las amenazas de muerte, acoso y temor contra Crespo Feliciano y aun así autorizó la excarcelación del agresor al autorizar la prestación de una fianza mínima sin cumplir con ciertas condiciones.

‘Una fianza, la cual, no guardaba proporción con el delito imputado y mucho menos con la peligrosidad que constituía el agresor, el cual, además, había violado la orden de protección. Definitivamente, el Juez no sopesó el extenso expediente criminal de Crespo Feliciano ni sus violaciones, tanto a la Ley Núm. 54, como a la Ley 99’, recalcó Vázquez Garced en el 2011.

De la pesquisa realizada por la Procuradora también surgió que la OSAJ alertó al tribunal en cuanto a la peligrosidad de Crespo Feliciano,quien tenía un extenso expediente criminal tanto en la jurisdicción de Puerto Rico como en los Estados Unidos, incluyendo casos relacionados con violencia doméstica.

‘La situación es tan alarmante que luego de que esta señora contaba con una orden de protección expedida y cuando fue a solicitar la extensión de la vigencia de dicha orden y en presencia del juez González y del victimario, le narró todos los incidentes de amenazas de muerte e incumplimientos de la anterior orden por parte de Crespo Feliciano y éste, luego de escucharla no accedió a expedir la orden de protección final, pero sí permitió y concedió una oportunidad al victimario para que consiguiera abogado para una próxima vista. Igualmente cuando varios días después lo tuvo ante su presencia por una orden de arresto por incumplimiento de la supervisión electrónica (grillete), autorizó la prestación de la fianza por una fiadora sin ordenar la notificación a la Oficina de OSAJ para la gestión de instalación del grillete, ni le ordenó a la fiadora que lo llevara a OSAJ, ni tomó provisión alguna para la notificación a Toro Hurtado y así salvaguardar la integridad física y la vida misma de una mujer que incansablemente había solicitado la ayuda y auxilio del tribunal. Inclusive en su presencia. Dejando totalmente desprotegida a la única persona que había que proteger. Lo dejó libre aun con la peligrosidad que constituía el victimario’, indico la Procuradora de la Mujer.

Vázquez Garced, concluyó diciendo que este es el tipo de imperdonable conducta insensible, liviana y con total aislamiento del compromiso de hacer justicia que está comprometida a combatir y denunciar públicamente.

NotiCel no pudo obtener respuesta inmediata de la Oficina de Administración de los Tribunales sobre el status de la pesquisa solicitada por la Procuradora.

De otra parte, el gobernador también nominó a la juezasuperior Gisselle Romero García para elTribunal de Apelaciones. Su nominación se recibió también en el Senado el 11 de septiembre. Romero García fue la jueza que desestimó en instancia la demanda para que se declarara inconstitucional la Ley 3 que reformó el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos.

La Jueza determinó que los cambios al principal plan de pensiones de los empleados públicos fueron razonables y que la Asamblea Legislativa tenía discreción para buscar soluciones a la crisis financiera del país. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de la ley.

*Modificada para corregir el apellido del juez González Velázquez.