El Comite Timón de Madres y Padres de Estudiantes de Educación Especial han señalado que pudiera haber fallas en el proceso de evaluación que hacen las compañías contratadas por el Departamento de Educación para determinar la elegibilidad de los estudiantes al Programa de Educación Especial, lo que ha producido un incremento de casos.

Uno de los planteamientos de Carmen Warren, presidenta del Comité, es que muchas veces las evaluaciones se completan en periodos de 15 minutos, donde no hay posibilidad de abundar sobre el historial médico de los estudiantes. El limitado proceso de evaluación se da dentro de la realidad de la baja compensación que se paga a los profesionales para realizar las evaluaciones.

Actualmente hay alrededor de 160 mil estudiantes de educación especial, mientras la cantidad de alumnos de la corriente regular se ha reducido.

El licenciado José Torres Valentín, representante legal de la parte demandante del pleito de Rosa Lydia Vélez, dijo el martes en una vista de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado, que la reducción de estudiantes en la corriente regular puede estar asociado al problema de la emigración.

Sobre los estudiantes de educación especial, Torres Valentín afirmó que hay múltiples factores que llevan a que se diagnostique a los estudiantes con las condiciones para cualificar para el Programa, entre ellas los padecimientos físicos.

Durante la vista se volvió a estipular que los estudiantes de Educación Especial representan casi el 40% de la matrícula total del sistema público de enseñanza que ronda los 423 mil alumnos.

En esa línea, Warren destacó que ‘la determinación de elegibilidad para un estudiante no se da solamente por el capricho de los padres porque nosotros hayamos determinado registrarlos…. No es hasta que se hace una evaluación amplia, multidisciplinaria, que se determina la elegibilidad del Programa de Educación Especial’.

Pero a pesar de todo esto, el Comité ha estipulado que el Departamento de Educación le dijo al Gobierno Federal el pasado marzo que solo había 108 mil estudiantes de educación especial en las escuelas públicas, ‘para ocultarle al Gobierno Federal que no le había hecho el Programa Educativo Individualizado (PEI) a más de 40 mil niños, accedieron a solicitar fondos para menos estudiantes’.

El PEI se desarrolla luego de la reunión del Comité de Programa y Ubicación (COMPU), y es donde se establece todo los servicios que necesita cada estudiante.