El gobernador Alejandro García Padilla despachó alegaciones de que el secretario de Educación, Rafael Román, tiene las manos atadas a la hora de resolver los problemas de educación especial porque no se le permite despedir a la secretaria auxiliar de educación especial, Doris Zapata, ya que está protegida por La Fortaleza al ser la esposa del alcalde de San Germán.

García Padilla aseguró el martes que cuando él fue jefe de agencia nadie le escogía su personal y que, por lo tanto, él no le escoge el personal a los jefes de agencia.

‘Ellos escogen su personal. Yo le exijo resultados al jefe de agencia. El jefe de agencia me responde a mí y es al que le exijo resultados y es la persona que va al Senado a ser confirmada’, sostuvo en conferencia de prensa.

‘Argumentar que yo escojo personal de las agencias es una premisa incorrecta’, recalcó.

Acerca de la alegación de que fue nombrada por La Fortaleza, dijo que si alguien lo hubiera hecho, está desautorizado. Tanto grupos magisteriales como el Comité Timón del pleito Rosa Lydia Vélez, entre otras organizaciones de padres con estudiantes en educación especial han pedido la destitución de Zapata. La mayor controversia con la funcionaria surgió para octubre de 2013 cuandoimputó, sin presentar evidencia, que los progenitores se beneficiaban económicamente de los servicios que recibían sus hijos e hijas discapacitados.

García Padilla reiteró el ultimátum de una semana que le dio a Román para que contrate el personal que hace falta en el área de educación especial, pero no quiso decir lo que ocurrirá si el Secretario incumple cuando llegue el viernes.

‘Con qué recurso cuenta para llevar a cabo la función es una determinación que hace cada Secretario. Tenemos que seguir haciendo más con menos. Existen necesidades ilimitadas y para atender esas necesidades existen recursos limitados’, repitió como en anteriores ocasiones.

El Primer Ejecutivodijo que aunque la falta de recursos en educación especial es un problema heredado, él no le echará la culpa a la pasada administración y tratará de resolverlo.

Entretanto,García Padilla recordóque la semana pasada se reunió con un grupo de padres de educación especial y acordó crear un grupo de trabajo para lidiar con los problemas de educación especial. ‘Por supuesto, los problemas de décadas no se van a poder resolver en un año’,afirmó.

De otro lado, Román dijo, por medio de su oficial de prensa, que estaría reunido todo el día con su equipo de trabajo y que no haría declaraciones por el momento.

El Gobernador hizo sus declaraciones luego de haber estampado su firma en varios proyectos de ley que persiguen mejorar la lucha contra el crimen. Estos proyectos que hoy se convierten en ley son iniciativa de la Cámara de Representantes y su presidente, Jaime Perelló Borrás.

La primera de estas medidas, el Proyecto de la Cámara 1860, procura un intercambio más efectivo entre las agencias de seguridad pública y la Rama Judicial sobre información de naturaleza penal. Esta ley responde a los problemas en el intercambio de información que han puesto en riesgo la seguridad pública, resultando en que se determinen fianzas que no guardan proporción con el nivel de peligrosidad del imputado o que se deje en libertad bajo fianza a alguien que le correspondía ingresar en prisión.

Además, el Mandatario convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1854 que crea el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía para contribuir a la lucha contra el crimen y la profesionalización de la Uniformada. Esta nueva ley está vinculada a la reforma de la Policía acordada con el Departamento de Justicia Federal y se nutrirá del 20 por ciento de lo que se recaude por multas de tránsito (excepto las de AutoExpreso) en exceso del promedio anual de 29 millones de dólares por este concepto. Para lograr un aumento en estos recaudos, la ley ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Policía mejorar la mecanización del procesamiento de las multas de tránsito.

Asimismo, se convierte en ley el Proyecto de la Cámara 1855 que enmienda la Ley de Detectives Privados de 1965, que en adelante se conocerá como la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, para fortalecer la regulación de ambos y distinguir ambas profesiones.

De igual manera, se estampó la firma sobre el Proyecto de la Cámara 1861 que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para aumentar las sanciones de multas por conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. El Gobernador también firmó el Proyecto de la Cámara 1865 que enmienda la Ley Uniforme de Confiscaciones para dar prioridad a la Policía en la asignación de vehículos confiscados por el Estado Libre Asociado en un proceso penal. Además, esta ley exime a la Policía del requisito de 10 por ciento del precio de tasación del vehículo, por lo cual ahora no tiene que pagar nada por estos.

Otra de las medidas convertidas en ley fue el Proyecto de la Cámara 1866 que enmienda la Ley de Armas para obligar a todas las líneas aéreas a notificar a la Policía si transportan armas de fuego o municiones de algún pasajero en un vuelo con destino a Puerto Rico.

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 1856 enmienda la ley orgánica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para atender el problema de retención o fuga del personal especializado. En siete de las subespecialidades del Instituto habrá que trabajar por lo menos dos años si su capacitación y certificación se pagó con los recursos del Instituto. De renunciar antes de ese periodo, tendrá que pagar el gasto incurrido. Las subespecialidades van desde patólogos forenses hasta examinadores de armas de fuegos, marcas de herramienta, y de documentos dudosos.

‘Con estas leyes, estamos promoviendo la transformación de la Policía. Hace casi tres años que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos le señaló graves problemas y ya se está viviendo la mayor transformación de su historia reciente, al igual que pasa con el resto del país.Agradezco la iniciativa de la Cámara de Representantes y su presidente, Jaime Perelló Borrás, por el bien de la seguridad de Puerto Rico’, concluyó García Padilla.

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