Los padres y madres de niños de educación especial marcharán el miercoles hasta la Fortaleza para llevar su reclamo de que se otorguen los recursos y el presupuesto adecuado para atender a esta población. El inicio del nuevo semestre escolar, ha provocado el desespero de cientos de familias al ver que sus niños y niñas no cuentan con los servicios para poder asistir a clases.

La población de educación especial, que totaliza 159,000 estudiantes, ha sido la más afectada al no contar con el servicio de transportistas en algunos pueblos, ni con los asistentes especializados para atender a esta población de condiciones diversas. Alrededor de cien niños tampoco pudieron asistir a sus centros privados, un servicio que ofrece el Departamento de Educación (DE) a costo público cuando no puede atenderlos en el su sistema educativo.

El reclamo primordial es que el DE esperó a último minuto para renegociar los contratos, y que las compañías en un principio se negaron a aceptar las reducciones de 10% en los costos. ‘No nos oponemos a que regulen los costos. Al DE se le han ido las manos otorgando contratos que ni fiscaliza, pero debe hacerse ese análisis de forma sensible, y no a último minuto’, comentó Carmen Warren, del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial.

Como consecuencia, algunos padres tuvieron que ausentarse de sus trabajos, mientras sus hijos no pudieron comenzar las clases.

Durante el fin de semana, ocho de los escuelas privadas finalmente aceptaron firmar el contrato con una reducción de 10%. El costo que paga el Departamento por cada niño varía dependiendo de la necesidad del menor. Puede fluctuar entre mil dólares hasta diez mil dólares, indicó Warren, al asegurar que algunos niños son incluso ubicados en Estados Unidos. ‘Estamos luchando para que el DE haga lo necesario para mejorar su ofrecimiento en la corriente pública’, expresó.

El movimiento a última hora del DE responde a la reducción de 53 millones de dólares en el presupuesto del Programa de Educación Especial, y a la orden que emitió el gobernador Alejandro García Padilla para que todas las agencias recortaran los gastos de contratación privada.

Sin embargo, según la propia Ley 66 en su Artículo 6, la reducción de la contratación de servicios profesionales y comprados en la Rama Ejecutiva debía excluir la prestación de servicios a niños de educación especial.