El Frente Amplio de Sindicatos de las Corporaciones Públicas presentó el lunes las enmiendas que consideran imprescindibles para la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal. Dichas enmiendas van dirigidas a cambiar las disposiciones no económicas que según ellos, ponen en riesgo el empleo de cientos de trabajadores.

‘Nuestros reclamos están basados en condiciones de trabajo, no en la adquisición o conservación de beneficios económicos’, señaló Astrid Rosario, del sindicato de la Autoridad de los Puertos.

De acuerdo con Rosario, las enmiendas que proponen los trabajadores van dirigidas primordialmente a enmendar los artículos 10, 17 y 28 de la Ley 66. Las enmiendas propuestas corresponden a cláusulas no económicas. Específicamente el grupo de sindicatos propone la eliminación de la disposición relacionada con los traslados de trabajadores a discreción de la gerencia de la corporación pública. En su defecto, los trabajadores proponen que los traslados y destaques sean atendidos tal como se dispone en los convenios colectivos vigentes. En los casos en los que el convenio esté expirado, se extendería la vigencia de las cláusulas no económicas.

En lo relacionado al controvertible artículo 17 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, los líderes sindicales proponen la eliminación absoluta de todo lo relacionado con la suspensión de las cláusulas no económicas de los convenios. Además, reclaman que los asuntos relacionados a la subcontratación de servicios sean atendidos según se dispone en los convenios vigentes. Al igual que con los traslados, en los casos en los que el convenio está expirado, se extenderá la vigencia de las cláusulas no económicas.

Como parte de las enmiendas propuestas, los trabajadores plantean la negociación de medidas de ahorro incluyendo la eliminación o renegociación de contratos según lo que disponen los artículos 6 y 7 de la propia Ley de Sostenibilidad Fiscal.

‘De lo que se trata aquí es de hacer todo lo posible para negociar las reducción de subcontratos de tareas que puedan ser realizadas por los trabajadores de la corporación’, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

Sobre el acceso a la información relacionada con las economías que las distintas corporaciones públicas proyecten tener a partir de las disposiciones de la Ley 66, el liderato sindical reiteró que ésta debe hacérseles disponible y además planteó una extensión de 60 días a la fecha de negociación a partir del momento en que las corporaciones públicas entreguen la información necesaria para negociar. De ocurrir un estancamiento en las negociaciones, el secretario del Trabajo, podría nombrar un mediador.

De acuerdo con Figueroa Jaramillo, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el patrono se ha negado sistemáticamente a ofrecer dicha información.

Sobre los señalamientos del gobernador Alejandro García Padilla a los efectos de que éste espera propuestas que generen las mismas economías que supuestamente ha de generar la Ley 66, Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), señaló que aunque las enmiendas propuestas no van sobre las cláusulas económicas, las mismas tienen un impacto económico positivo sobre las economías que puedan generar.

‘La reducción en la contratación externa y lo relacionado con los traslados, son acciones que provocarían economías inmediatas en las distintas corporaciones en la medida en que los propios trabajadores de la corporación puedan realizar las tareas para las que se habría contratado a un contratista independiente’, explicó Irene Maymí.

Por su parte, Maribel Colón del Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) reiteró que ‘hemos cumplido con nuestro compromiso de presentar enmiendas a la ley, ahora está por verse si de verdad existe una buena fe y si en verdad el llamado al diálogo es uno honesto’. Colón señaló que hasta el momento, el diálogo ha sido efectivo y espera que así continúe.