En momentos en que el Departamento de Justicia (DJ) persigue que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) multe a transportistas escolares por limitar el mercado y la entrada de nuevos competidores, esa misma agencia mantiene un pleito legal con empresas de transporte escolar que impugnaron el cuestionable proceso mediante el cual el Departamento de Educación (DE) perpetuó el esquema de los transportistas multados.

En el recurso legal, radicado en noviembre de 2012 por ocho compañías que ofrecen esos servicios, se establece que el DE, cuyo secretario en ese entonces era Edward Moreno, negoció los contratos a un término de cinco años.

Esa transacción, agrega la demanda, acordó las rutas escolares hasta el 2017, asunto que de acuerdo a la Ley Orgánica del DE (Ley 149 de 1999) viola el estatuto que dispone que los contratos no podrán ser por más de cinco años.

El documento establece, entre otros asuntos, que Educación firmó el acuerdo por ese término, pero sin notificación previa y sin explicación, lo derogó. Esa transacción, agrega, permite el aumento de precios en los servicios sin conocerse aún si los fondos existían para sufragar los pagos.

‘El Secretario de Educación o un representante firmó y autorizó un documento titulado ‘Acuerdo de Servicios de Transporte Escolar’ en el que se fijan precios de manera horizontal y se imponen condiciones cuyo efecto real es limitar la libre competencia entre concesionarios cualificados para prestar servicios de transportación escolar al Departamento de Educación. Dicho acuerdo, que en su cuerpo establece que es una transacción, pacta la otorgación de contratos para el servicio de transporte escolar con una vigencia de cinco años desde el 2012 hasta el 2017′, lee parte del recurso legal.

Presenta, también, que dos entidades que no están registradas como sindicatos (Asociación de Dueños de Autobuses y Federación de Porteadores Escolares) representaron a las compañías a las que se les otorgaron las rutas y fijaron precios, excluyendo así a otras empresas de transportación escolar.

Otro señalamiento que hace el documento es que DE otorgó por más de diez años los contratos sin la celebración de subastas, ocasionando así menos competencia en el mercado y precios más bajos para la misma agencia.

Los transportistas que deseen ofrecer rutas escolares tuvieron hasta el 23 de julio para presentar las propuestas, y luego Educación determinará a quién otorga los servicios.

La ruptura de la negociación ocurre a unos días que el Departamento de Justicia radicara cuatro querellas en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra una veintena de personas y compañías de transporte por haber limitado la entrada de más competidores al mercado y limitar los servicios. Es la segunda vez que esa agencia acude a un foro administrativo para que tome medidas correctivas. En adición, este tipo de conducta, que viola la Ley de Monopolios y Restricción de Comercio, no ha llegado a los tribunales como delito.