El presidente del Sector de la Leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Juan Carlos Rivera radicó el jueves en el Tribunal Superior Sala de San Juan un Mandamus para ordenar le a la Secretaria de Agricultura y al Administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (‘ORIL’) que cumplan con su deber de revisar el precio de la leche y realizar los ajustes necesarios en el mismo a tono con los costos de producción y gastos de operación en todos sus niveles. Esto para evitar que el sector siga acumulando perdidas.

El recurso radicado indica que ‘A pesar de haber transcurrido más de un año de haber vencido el término para cumplir con su obligación, el Administrador de ORIL y la Secretaria del Departamento de Agricultura no han cumplido con su deber ministerial, dejando así en un estado crítico a la salud económica de los productores de leche de Puerto Rico’.

‘El último estudio exhaustivo realizado por ORIL se llevó a cabo en el año 2009. Por tanto, a tono con las exigencias de la Ley 34, el estudio exhaustivo se debió de haber realizado en el 2013. A pesar de que el Administrador de ORIL le correspondía cumplir con dicha obligación, el estudio exhaustivo no se culminó hasta mayo de este año, sin haberlo dado a conocer. Además, el Administrador de ORIL tenía el deber de realizar, según requiere la Ley 34, revisiones anuales en el precio de la leche para hacer los ajustes necesarios en el mismo a tono con los aumentos o reducciones en los costos de producción y gastos de operación y no se ha realizado ninguno desde el año 2011, esto en crasa violación de sus deberes ministeriales’, sostuvo Rivera en un comunicado de prensa.

ORIL, el Departamento de Agricultura y hasta el gobernador han reconocido desde noviembre de 2013 que los productores de leche no están recibiendo el dinero que por ley deberían recibir. A tenor con esto, el gobierno acordó otorgar transferencias de dinero a los productores de leche hasta tanto se culminaran los estudios de revisión de precios y se emitiera la orden correspondiente.

A pesar de la promesa del gobierno de continuar otorgando las transferencias de dinero a los productores hasta tanto se emitiera la orden reflejando los costos y gastos revisados de los productores, el gobierno dejó de enviar las mismas desde aproximadamente dos meses y medio atrás, empeorándole la situación precaria e insostenible en que éstos se encuentran.

En múltiples ocasiones, los ganaderos le han hecho requerimientos a la secretaria de Agricultura y al Administrador de ORIL para que éstos cumplan con su deber ministerial, sin obtener resultado alguno. De manera particular, éstos se han negado a actuar emitiendo la Orden con Precios revisados, según establece la Ley 34.

El Mandamus indica que ‘Sin la intervención urgente de este Honorable Tribunal, los productores de leche (la base de la industria lechera) no podrán sostenerse, poniendo en inminente peligro la industria en su totalidad’.

La Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Sector de Leche es la única entidad de productores de leche reconocida en la Ley 34 y la misma agrupa aproximadamente trescientos (300) productores de leche. La producción de leche es la principal empresa agrícola de Puerto Rico. Se estima que la Industria Lechera genera alrededor de 25,000 empleos directos e indirectos. Debido a su gran importancia, la Industria Lechera en Puerto Rico es una altamente regulada por el estado y particularmente para reglamentar la Industria Lechera se creó la ORIL por virtud de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 1956, más tarde derogada por la Ley Número 34 del 11 de junio de 1957, según enmendada.

Mientras, el gobernador Alejandro García Padilla no descartó un subsidio a los ganaderos de leche.

‘Lo hemos estado haciendo. Estamos dispuestos a ayudar a los ganaderos. Agricultura como un mecanismo de creación de empleos es prioridad en mi gobierno. La ganadería es una parte esencial de la agricultura y a la hora de establecer prioridades, ellos son una’, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

No obstante, el primer ejecutivo no pudo precisar si identificaron los 50 millones de dólares que estaban comprometidos para pagar a la industria lechera y que en un momento se pretendió que fuera pagado por los fondos de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).