La Rama Judicial de Puerto Rico insistió el viernes en que las medidas de economía adoptadas y anunciadas recientemente, ‘de ninguna manera significan un retroceso en su política pública de proveer a la ciudadanía el mayor acceso posible a la justicia’.

El jueves se informó sobre la orden administrativa para el control de gastos del año fiscal 2014-2015, firmada por la jueza presidenta Liana Fiol Matta con fecha del 7 de julio. Las nuevas disposiciones dejan colgados a los programas de acceso a la Justicia tales como las salas especializadas de drogas, de violencia doméstica, y el apoyo a los litigantes por derecho propio.

Sobre el particular, afirmaron en comunicación escrita que, ‘Si bien algunos de los programas diseñados a adelantar esa política pública se verán afectados en sus operaciones como consecuencia de la reducción en el presupuesto de la Judicatura, la Orden Administrativa adoptada a estos efectos especifica que se evaluarán los programas judiciales de acceso a la justicia para identificar alternativas que permitan su continuidad’, informó la Rama Judicial por conducto de un comunicado de prensa.

La Rama explicó anteriormente que las medidas responden a que la ‘Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ dejó sin efecto la ley que creó la fórmula mediante la cual la Rama Judicial recibía su presupuesto, por lo que tribunales recibirá $25.8 millones menos que el presupuesto anterior y $53.9 millones menos de lo que se le hubiera asignado si se hubiera aplicado la fórmula.

‘Ello nos obliga a tomar medidas adicionales que nos permitan mantener un servicio de excelencia, asegurar al máximo posible la protección de los empleos y los derechos de nuestro personal, continuar esfuerzos para adelantar el acceso a la justicia y la modernización de la judicatura, reestructurar los proyectos iniciados, así como mantener la continuidad de los servicios, y terminar el año fiscal sin insuficiencia presupuestaria’, explicó la directora de la Oficina de la Administración de Tribunal, Sonia Ivette Vélez.

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