El abogado Alejandro Carrasco, quien fuera arrestado junto al alcalde de Río Grande, Eduard Rivera, por actos de corrupción, tuvo contratos con otros municipios populares como Yabucoa, Trujillo Alto y Luquillo durante este cuatrienio, además de los ya conocidos contratos en Barceloneta y Juncos.

Carrasco, de 57 años, se declaró no culpable y fue dejado en libertad bajo fianza que totalizó $75,000 el jueves en la noche. El abogado tiene una oficina en Río Piedras en la que no contestaron llamadas de este diario digital.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez explicó que Rivera Correa y Carrasco solicitaron y recibieron dinero de un contratista a cambio de contratos para trabajos de construcción en dicho municipio. Carrasco recibió sobre $183,365 por gestionar contratos con el municipio de Río Grande.

No obstante, el abogado también dio servicios legales a otros municipios populares.En el municipio de Juncos, cuyo alcalde es Alfredo Alejandro Carrión,Carrasco tenía un contrato de $110,000 por servicios legales que se venció el 30 de junio, pero que según fuentes fue renovado.

El abogado también aparece con contratos en el municipio de Luquillo, cuyo alcalde es el popular Jesús Márquez, en diferentes periodos a partir del 2013. Cada contrato, de duración de seis meses, fue por $20,250.

En el municipio de Río Grande, el abogado tuvo cuatro contratos en diferentes periodos desde 2013 a 2014 que totalizaron $97,000 por servicios legales. Dos de los contratos no aparecen con cantidades. Uno de los contratos fue por $96,000 y tenía duración de un año. Otro fue por $1,000.

Mientras, enTrujillo Alto, Carrasco tuvo dos contratos simultános por un año que totalizaron $150,000. Los contratos, que se dieron bajo la incumbencia del actual alcalde popular José Cruz, vencieron el 30 de junio.

EnYabucoa, cuyo alcalde es Rafael Surillo, totalizaron unos $117,000 en contratos.Uno por $78,000 tenía de duración un año, venciendo el 30 de junio. El otro fue por $39,000 y duró los primeros seis meses del 2013.

Aunque la Jefa de los fiscales federales dijo que Carrasco tenía contratos con el municipio de Barceloneta, no se pudo obtener la cuantía de los mismos.También mencionó, en el caso de Juncos, que no hay ninguna prueba que vincule al alcalde de Juncos en alguna actividad delictiva.