Residentes de Cataño, Naranjito, Dorado, empleados de la Administración de Tribunales y varios políticos alzaron su voz este martes para que la Asamblea Legislativa no apruebe recortes a la rama judicial que provocarían el cierre de al menos 12 tribunales alrededor de la isla.

En la corta manifestación también participaron el senador novoprogresista José ‘Joíto’ Pérez; el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, y el excandidato a la alcaldía de Cataño por el Partido Nuevo Progresista, Félix ‘El Cano’ Delgado.

‘Queremos que el pueblo continúe teniendo acceso a la justicia. Un país sin justicia y sin su acceso es un país que no va a ningún lado. Pedimos al gobernador que no permita la reducción al presupuesto de la Administración de Tribunales para que los servicios no se afecten’, manifestó Ortiz frente al Tribunal de Apelaciones en Hato Rey.

‘Queremos que la sala de Naranjito continúe abierta porque es contradictorio que hablamos de economía cuando el local no paga un centavo de renta ni de utilidades. Estamos pidiendo una reconsideración para que no se toque ese presupuesto’, agregó.

Según Pérez, las salas de Ciales, Quebradillas y Dorado estarían cerrando de aprobarse la reducción, siendo la última uno de los foros más visitado por ciudadanos para casos de Ley 54, escalamientos y otros casos.

Entretanto, la jueza administradora de la Oficina de Administración de Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, sostuvo que la dependencia que dirige estaría trabajando con $53 millones menos, lo que resulta un escenario fiscal difícil.

‘El posible cierre de los tribunales representa dificultad para que los ciudadanos lleguen a ellos, afecta a los cascos urbanos de los municipio y las órdenes de protección se tendrán que pedir ahora en un lugar más lejos’, comentó la funcionaria.

‘Si es final y firme el presupuesto a la rama judicial como lo presentó la Oficina de Gerencia y Presupuesto, nos vamos a tener que ver obligados a cerrar algunos tribunales, que es una posibilidad. Esto afecta a los servicios y los ciudadanos’, añadió Vélez Colón, quien rechazó que la clausura de los foros vaya a provocar despidos.

Sobre ese particular, aseguró que los empleados pasarían a otros tribunales que absorberían las salas municipales. ‘Los empleos están garantizados porque se va a mantener la sede y necesitamos esos empleados’, dijo.

El presupuesto para la rama judicial para el año que comienza el 1 de julio asciende a $322.9 millones.