El Departamento de Justicia esperará a que concluya el proceso judicial a nivel federal contra el contable Lutgardo Acevedo López, antes de determinar si solicitará un nuevo juicio en relación al caso por la muerte del oficial de seguridad, Felix Babilonia Valentín, por el que el contable enfrentó cargos de homicidio negligente y en el que fuera absuelto por medio de supuestos sobornos al juez Manuel Acevedo Hernández.

Al ser abordado por la prensa el jueves, el secretario de Justicia, César Miranda, dijo que la agencia ya había terminado la evaluación del caso y que ‘conforme a ella tomaremos decisiones en algún momento dado, pero no le voy a anticipar nada más con relación a eso porque aquí hay un pleito y a su vez una investigación que está en curso, que lleva a cabo la jurisdicción federal con relación al señor Acevedo (López) y con relación a otras personas que puedan estar involucradas en este evento, y cualquier comentario que yo haga puede tener un impacto’.

De acuerdo al funcionario, cualquier decisión que tome el Departamento de Justicia ‘tiene tangencia’ con la evidencia que se vierta durante el caso federal contra Acevedo López. Por esto aseveró que esperarían a la resolución del caso federal.

A principios de mes, la viuda de Babilonia Valentín, Leslie Pérez Rodríguez, dejó entrever que buscaría que se reabriera el caso contra Acevedo López.

Al momento, Acevedo López, se encuentra en una institución penal en Estados Unidos a la espera de ser trasladado a Puerto Rico para enfrentar los cargos federales de conspiración y soborno.

Acevedo Hernández habría absuelto a Acevedo López el pasado marzo por los cargos de homicidio negligente, obstrucción a la justicia y manejar en estado de embriaguez, que pensaban en su contra por la muerte de Babilonia Valentín.

El accidente donde falleció Babilonia Valentín ocurrió el pasado junio de 2012, cuando se alegaba que Acevedo López conducía su vehículo a exceso de velocidad y en estado de embriaguez.

Las expresiones de Miranda se dieron a su salida de una vista pública en la Cámara de Representantes en la que se evalúa una medida que pretende limitar las actividades político partidista a las que pueden participar los servidores públicos.