La demanda que presentó el lunes la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) por la descarga de aguas usadas en el Estuario de la Bahía de San Juan tomó por sorpresa al ayuntamiento, indicó el administrador del ayuntamiento, Andres García Martinó.

En entrevista con NotiCel, el funcionario explicó que el Municipio de San Juan (MSJ) estaba en negociaciones con la agencia federal para llegar a unos acuerdos con el manejo de aguas usadas, problema que lleva varios años en la ciudad capital.demanda.

‘Lo tomamos de manera sorpresiva y hemos estado sometiendo propuestas, intercambiando información. No estaba dentro de las conversaciones que habíamos tenido con la EPA’, confesó el administrador a este medio digital, que reseñó en exclusiva la radicación de la

Dijo, también, que la acción legal contra el MSJ no desenfocará a la actual administración municipal de cumplir con los requisitos para el manejo de aguas superficiales. ‘Vamos a seguir presentando propuestas y a continuar el diálogo con la EPA’, apuntó sobre el particular.

Anticipó que están en espera que la agencia federal conteste la última medida presentada por el Municipio para lograr una negociación final que culmine el asunto de las aguas en la bahía capitalina.

Por su parte, eldirector ejecutivo del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Javier Laureano, sostuvo que aunque la demanda adelanta la salida al histórico problema, no lo resuelve.

‘No es la solución a todos los problemas de descargas de aguas sanitarias que tenemos en el Estuario, pero sí habrá un espacio para lograr una solución al asunto’, afirmó Laureano.

Adelantó que el programa que dirige realiza un estudio para identificar todas las descargas de aguas que hay en el Estuario, algunas de las que se han detectado provienen de quebradas. ‘Este proceso tomará años, pero vamos en la dirección correcta’, comentó.

La demanda impone una multa de hasta $32,500 por cada día y por cada violación que ocurrió previo al 15 de marzo de 2004, y de $37,500 por cada día y por cada violación que ocurrió después del 12 de enero de 2009.

Además del Municipio de San Juan, la EPA extiende la acción civil contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La acción civil ocurre luego que distintos estudios que encomendara la agencia federal en los cuerpos de agua de la zona metropolitana, como el Caño Martín Peña y la Laguna San José, encontraran la presencia de contaminantes con niveles de amoníaco, surfactantes y bacterias fecales.

Las estaciones de bombeo de Barrio Obrero, Buena Vista, la Avenida Baldorioty de Castro, la Avenida De Diego, y la Parada 18 en Santurce tenían fallas en el sistema de descarga por introducir el agua usada en los cuerpos de agua sin tratamiento de contaminantes.