La propuesta Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, la cual podría aprobarse por el Senado esta semana, sufrió numerosas enmiendas que incluyeron nuevas disposiciones que obligan al recorte de contratos de arrendamiento, a la reducción de los gastos de agua y de energía y a la provisión de informes financieros.

Una de las enmiendas es al nombre de la propuesta ley, que según los cambios hechos en la Cámara ahora se llamaría la ‘Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ porque es para declarar un estado de emergencia fiscal y adoptar un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica de la degradación del crédito de Puerto Rico.

Como fue aprobada por la Cámara, la medida dispone para informes trimestrales de las agencias, medidas de reducción de gastos de la Rama Ejecutiva tales como la reducción de la contratación de servicios profesionales y comprados, ajustes en tarifas de servicios comprados y profesionales, reducción en la nómina de empleados de confianza, controles en la ocupación de puestos y destaques y traslados.

Primero, se reduce un 10% adicional a la nómina de confianza mediante disposiciones que eleven a estatuto las restricciones existentes, que no permiten reclutamientos adicionales hasta que no se logre una reducción en nómina de 20% en comparación con diciembre de 2012. Segundo, se congela el reclutamiento y se limita principalmente a puestos que no son indispensables. Tercero, se prohiben los aumentos en beneficios económicos que incluyen aumentos de sueldo o aportaciones a todos los grupos de empleados, incluyendo empleados de confianza. Cuarto, se prohiben los beneficios económicos extraordinarios, limitando a $600 el bono de Navidad y $200 el de verano y quinto, se contempla una reorganización en la plantilla de maestros del Departamento de Educación debido a la reducción en el número de estudiantes.

La ley propone un método alterno de negociación a los empleados de agencias en torno a sus beneficios para evitar los recortes provistos en la medida. Unas siete uniones negociaron recientemente dichos cambios que esperan ser ratificados.

La propuesta ley también dispone varias medidas de reducción de gastos operacionales excluyendo nómina que totalizan $1,482 millones. Este renglón incluye, no solamente servicios, sino también, pago de utilidades y renta a corporaciones públicas tales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de Edificios Públicos, entre otros.

La medida autoriza la reducción en tarifas de servicios comprados y profesionales sin necesidad de formalización escrita bilateral. A modo de ejemplo, los cinco programas con las asignaciones presupuestarias mayores en servicios comprados y profesionales son, en orden: la escuelas de la Comunidad en el Departamento de Educación ($82 millones); Servicios de Salud a la Población Penal ($24 millones); Servicios Educativos Integrales a Personas con Impedimentos ($19 millones); Servicios a Confinados incluyendo alimentos ($19 millones); y Servicios de Salud de Discapacidad Mental ($16 millones).

El proyecto también modifica la estructura reglamentaria y fiscal de los programas de transporte escolar. El gasto de transporte escolar ha subido desde aproximadamente $120 millones en el año fiscal 2010-2011 a una proyección de $185 millones en el año fiscal 2013-2014.

Finalmente, la ley dispone que las medidas de control de gastos, tales como limitación de reclutamiento, reducción de gastos de servicios, y medidas de administración presupuestaria, entre otras, apliquen a las corporaciones públicas.

Durante la vigencia ley, toda corporación pública debería suspender las cláusulas no económicas negociadas en los convenios vigentes, incluyendo planes de adiestramiento, licencias con sueldo para seminarios y concesión de días y horas libres con paga.

La medida suspende el criterio de antigüedad, en tanto y en cuanto sea contrario a lo dispuesto en la ley o constituya una limitación para efectuar cambios en funciones, ascensos, descensos, reubicaciones, traslados, destaques u otras transacciones necesarias.

De otra parte, también se le exige a las corporaciones públicas restricciones en cuanto al pago de licencia por enfermedad y vacaciones. Los ahorros generados por las corporaciones públicas relacionadas con la promoción del desarrollo económico serán aportados al ‘Fondo de Promoción de Empleo y Actividad Económica’, bajo la custodia de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Establece también un plan de pago en los litigios. Actualmente, hay $16 millones en multas para el caso de hacinamiento de cárceles Morales Feliciano, y el presupuesto tiene un fondo de $84 millones para el pago de esas demandas.

La Cámara impuso el requisito a las agencias de someter informes trimestrales en sus gastos. Sobre la reducción en los servicios comprados o profesionales, la Cámara expandió la lista para incluir todo tipos de servicios que van desde seguros, asesoría y limpieza.

También se estableció que toda agencia deberá recortar sus gastos en empleados de confianza en un 20% del gasto vigente a junio del 2012. No se realizarán nombramientos en empleados regulares, transitorios o irregulares e partir de julio y mientras dure la ley excepto los indispensables, aquellos que generen ingresos al gobierno o aquellos cuyo salario sea sufragado en un 50% por fondos federales.

Se extiende hasta el 31 de agosto la fecha en que las uniones sujetas a la Ley de Sindicación de 1998 en las agencias puedan ratificar las enmiendas negociadas a sus convenios. Aquellos sindicatos no sujetos a la Ley de Sindicalización del 1998, como son los de las corporaciones públicas, tienen hasta el 31 de julio para negociar las enmiendas. Los convenios colectivos que han expirado serán extendidos pero no en los aspectos económicos.

Las enmiendas a la medida también imponen restricciones a viajes y escoltas así como el pago de celulares.

De otra parte, se añadieron enmiendas que exigen a las agencias someter una lista de sus arrendamientos y los que obligatoriamente se deben mantener.

‘La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá ordenar la no renovación de contratos de arrendamiento o la modificación de los mismos a su vencimiento y eventual otorgación, salvo cuando ello resulte en detrimento de un servicio esencial o acarrea un perjuicio económico mayor’, dice la medida. ‘En tal análisis, la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, además, determinar la posibilidad de consolidar varias operaciones de varias agencias en un mismo local y renegociar los cánones y términos de los contratos de arrendamiento para lograr condiciones más favorables’, añade.

También se ordena un plan de reducción de consumo energético y de agua en todas las agencias. En el caso del consumo energético, los recortes serán según establecidos en la recién reforma energética. En el caso del agua, la reducción será de 15% en tres años.

‘No se establecerán tarifas especiales ni preferenciales para el servicio de energía eléctrica a las Entidades de la Rama Legislativa, de la Rama Judicial y de la Universidad de Puerto Rico’, dice la medida.