La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se enfrenta al reto de identificar fondos propios para continuar con su plan de mejoras capitales debido al agotamiento de la línea de credito con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para atender los proyectos de construcción y reparaciones mayores de la planta física.

Los proyectos de mejoras permanentes han sido identificados como una de las prioridades institucionales por el Presidente de la UPR, Uroyoán Walker, quien estima que solamente el Recinto de Río Piedras requiere de una inversión de $300 millones para la mejora de todas sus instalaciones físicas, un proyecto que demorará alrededor de 15 años.

Durante la vista pública ante la Comisión de Hacienda del Senado, Walker indicó que la UPR experimentará una disminución neta de $100.9 millones de su presupuesto consolidado en comparación con el año vigente debido a la reducción de $16.7 millones de la línea de crédito para mejoras permanentes, la eliminación de $62.2 millones a la partida de construcción del Hospital del Centro Comprensivo del Cáncer, la disminución de $3.3 millones como parte del agotamiento de los Fondos ARRA, y la disminución de $3.5 millones de los fondos provenientes de los recaudos de juegos de azar.

NotiCel ya había reseñado unos recortes de $31.7 millones que propuso la administración en nómina y otras asignaciones para redistribuirlos ahorros en mejoras permanentes, así como para pagar los aumentos innegables por ascensos en rango e incremento en primas de los planes médicos de los empleados.

Entre los proyectos de infraestructura pendientes están garantizar la accesibilidad a los espacios, la impermeabilización de los techos, los proyectos de eficiencia energética y energía renovable, así como las reparaciones de la Escuela Superior y Elemental deUPRRío Piedras, el teatro del Recinto deHumacao, y el Museo de Arte y Senado Académico delRUM.

Walker había indicado anteriormente en ponencia escrita ante la Cámara de Representantes que la congelación de la fórmula de la Universidad durante los próximos tres años fiscales tendrá efectos colaterales en la operación de la institución, pero su prioridad es garantizar la estabilidad financiera mediante un plan de eficiencia operacional, que incluye la reducción en consumo de energía, y la utilización de menos papel. La congelación de la fórmula representa unos $71 millones que la Universidad deja de devengar como parte del presupuesto proyectado a base del promedio de los ingresos del fondo general de los dos años fiscales anteriores.

En una carta del 9 de mayo, el Presidente también ordenó a las Oficinas de Recursos Humanos de los Recintos que evalúen cuáles contratos de servicios profesionales y consultivos pueden ser rendidos por personal universitario. A preguntas de este diario, Walker se limitó a contestar que aún están analizando qué recursos se pueden utilizar. La reducción de contratos de servicios profesionales se espera que redunde en un ahorro de $300,000, según pudo constatar este diario digital al evaluar un documento oficial.

Los presupuestos de los respectivos recintos se presentarán en o antes del 30 de junio, informó Walker, quien ya está trabajando en la distribución de ingresos.