El cambio repentino en cuanto al plan de conservación de la antigua Penitenciaria Estatal, conocida como ‘Oso Blanco’, pudiera estar ligado a los intereses económicos de tres compañías que tienen contratos millonarios para la demolición y de los cuales la Oficina del Contralor sólo tiene formatos genericos sin los anejos que describen los servicios, según advirtieron el jueves estudiantes y profesionales de arquitectura.

El Consejo de Estudiantes de Arquitectura de la UPR denunció el jueves que los estudios estructurales comisionados a la compañía FEF Group para evaluar si la demolición era más viable para la construcción de la Ciudad de las Ciencias se han mantenido en secreto, y no ha sido hasta recientemente que fueron divulgados por el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación (FCTI), que adquirió los terrenos en propiedad, en 2007.

El director de la Sociedad de Dibujos de Edificios Históricos (SDEH), Andy Rivera Rivera, fue más allá al decir que tienen dudas serias sobre la objetividad con que se realizó ese estudio porque no ha sido manejado de forma transparente. Por ello solicitan que detengan la demolición hasta que un comité independiente de profesionales evalúe los resultados, y hagan un nuevo estudio de las condiciones de la estructura.

El estudio realizado por las firmas de consultoría FEF Group y ARK, supuestamente capitaneados por dos exdirectoras de la Oficina Estatal para la Conservación Histórica (OECH), revelan que el deterioro de la losa hace a la estructura vulnerable a la fuerza de gravedad o movimientos sísmicos, que la cantidad y distribución de las vigas de hormigón es inadecuada, y que el acero de las vigas está extensamente corroído, mientras el concreto está desgastado.

Tanto los estudiantes como los profesionales de la SDEH señalaron, además, que los contratos que suman alrededor de $30 millones se han manejado con secretismo, y que éstos estaban firmados desde 2012, aún cuando el licenciado Iván Ríos Mena no había comenzado en la dirección interina delFCTI.

Luego de solicitudes infructuosas para que revelaran los contratos, el arquitecto Rivera Rivera demandó al FCTI en 2013 bajo el derecho constitucional de acceso a la información, según pudo constatar este diario digital. Sin embargo, tan reciente como en febrero de 2014, la jueza Giselle Romero García declaró no ha lugar, al darle peso a la versión de los demandados de que el FCTI no es una entidad pública, por lo que no le aplica la doctrina de acceso. Los demandados incluyeron, de hecho, una carta de la contralora Yesmín Valdivieso donde confirma que la FCTI no tiene la responsabilidad de cumplir con la Ley 18 de 1975, según enmendada, por lo que no tiene que entregar los contratos a la Oficina del Contralor.

Resalta, sin embargo, que el Fideicomiso se nutre en parte de fondos públicos como $5 millones provenientes del arbitrio del ron y $4 millones de un fondo para investigación de la Universidad de Puerto Rico, según datos provistos por los estudiantes.

Pese a que la maqueta original de la Ciudad de las Ciencias, que se presentó durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, conservaba tres de las cuatro alas del histórico edificio, el FCTI ha variado en su propuesta tras los resultados de los nuevos estudios. Rivera Rivera cuestionó cuál es la necesidad de demolición cuando el Fideicomiso tiene más de 80 cuerdas para construir la Ciudad de las Ciencias. ‘El Oso Blanco no estorba para nada. Es sólo una décima parte del terreno’, comentó.

La demolición de la antigua cárcel estatal ha sido reseñada por la prensa internacional como el ‘Alcatraz del Caribe’, que 40 años después de su inauguración recibe alrededor de 1.3 millones de visitantes al año.

Desde que el Gobernador Alejandro García Padilla celebró en su mensaje de presupuesto la eliminación del ‘símbolo de la era del miedo a salir a la calle’, numerosos grupos se han expresado en oposición. Rivera Rivera detalló que ya se han recolectado más de 3,500 firmas por medios electrónicos y no se descarta la desobediencia civil.

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