La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, anunció el jueves, la radicación del Proyecto del Senado 1142 para crear el Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial en Puerto Rico.

‘Siguiendo la recomendación de distintos sectores, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en ingles) de Puerto Rico, anuncio junto a su director ejecutivo, el licenciadoWilliam Ramírez, la radicación de esta medida para crear el ‘Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial en Puerto Rico’, adscrito a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con autonomía y facultades para investigar situaciones de violación de derechos humanos, por parte de los agentes del orden público’, indicó la senadora en comunicación escrita.

El Panel tendrá la facultad de investigar violaciones, y en aquellos casos meritorios, podrá iniciar las acciones correspondientes, ante los organismos adjudicativos que entienda.

Santiago Negrón señaló que la ACLU, así como la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos y la Comisión Especial Sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales del Colegio de Abogados de Puerto Rico investigaron y rindieron informes en torno a las situaciones de uso excesivo de fuerza y de discrimen, generadas por la Policía de Puerto Rico, y todos puntualizaron la urgencia de que las instrumentalidades del gobierno lleven a cabo las acciones correspondientes para asegurar que se protejan adecuadamente los derechos de los ciudadanos.

El proyecto enfatiza que el Panel debe ser uno totalmente independiente de la Policía de Puerto Rico y de la Oficina del Gobernador para que sirva verdaderamente como herramienta de fiscalización de la Policía de Puerto Rico, de modo que labore para tutelar el funcionamiento del cuerpo policial y como garante de la más absoluta protección de los derechos humanos.

Además, hace obligatorio que de no actuar la autoridad nominadora tras la presentación de un informe, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) tome conocimiento de las conclusiones y la incorpore al proceso disciplinario observado contra una agencia pública.