La fusión que propone La Fortaleza para unir a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (PPEA) con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) debe analizarse con cautela y no a la ligera, de acuerdo a Carmen Delia Sánchez Salgado, procuradora de las personas de la tercera edad.

En entrevista con Noticel, la doctora manifestó que aunque el Ejecutivo pretende consolidar las dos oficinas para el 1 de julio, día que comienza el nuevo año fiscal, la gestión tomará más tiempo.

‘Tenemos que analizar bien cómo se va a dar ese proceso porque tenemos una responsabilidad hacia la población vieja y si ahora se nos va a unir la otra, pues también tenemos que hacerlo para dar un buen servicio’, destacó la funcionaria en el despacho de su oficina.

‘Yo realmente y pensando en nuestra procuraduría nada más, yo no creo que esto va a estar listo para el 1 de julio. Para mi es muy acelerado porque esto necesita ser analizado en detalles. No podemos entrar en algo a la carrera que vaya a afectar en vez de ayudar’, agregó.

El Proyecto del Senado 1062, presentado el 30 de abril por el caucus popular en ese cuerpo, busca unir ambas oficinas y crear la Procuraduría de Asuntos de las Personas de Edad Avanzada y Personas con Diversidad Funcional. Tanto la PPEA como la OPPI velan por los derechos de ambas poblaciones.

Sánchez Salgado rechazó, además, que el junte de ambos entes afecte a los grupos que atiende directamente.

‘Estamos haciendo una evaluación bien exhaustivo de lo que esto representa…con mucha rigurosidad porque estamos hablando de fondos federales que son para una población de 60 años o más, y fondos federales par una población con impedimentos que también tiene otra cantidad de fondos en menor proporción. Hay que hacer un análisis con cuidado’, destacó.

Comentó que está en conversaciones con el gobierno federal para que conozcan los planes de ambas oficinas. Sobre este particular, indicó que ya en Estados Unidos esa unión se permitió.

Sobre el posible despido de empleados ante la consolidación de ambos entes, la doctora en Trabajo Social rechazó que eso vaya a suceder. ‘Estamos haciendo un plan de trabajo para no afectar a los empleados’, manifestó a preguntas de este medio digital.

A pesar que la procuradora no ha sido confirmada en propiedad -fue designada al puesto en diciembre 2013- anticipó que si la vuelven a nominar para dirigir la nueva oficina aceptaría el cargo.

‘Volví al servicio público porque tengo un amor y respeto hacia esta población. No pienso, bajo ninguna circunstancia, salir de aquí en una silla de ruedas ni con un bastón. Pero mientras pueda estar aquí, lo haré. Estaría disponible para continuar con las labores, pero no creo que esté aquí diez años como es el término’, puntualizó la mujer de 70 años.

Con relación a las querellas que recibe la oficina para su supervisión, informó que las más comunes son las de negligencia, abuso emocional y explotación financiera.

A esas les siguen las de negligencia propia, agresión y apropiación ilegal. De todas las denuncias presentadas, el hijo o hija, en la mayoría de los casos, es el señalado, seguido de algún amigo o vecino.

De acuerdo a estadísticas de la dependencia, unas 6,719 denuncias de maltrato fueron recibidas entre octubre 2012 a septiembre 2013. Junto a ellas, también se presentaron 491 querellas de violación de derechos.