Una vez más, el superintendente interino de la Policía, Juan Rodríguez Dávila, descartó la posibilidad de asumir el puesto en propiedad tras la abrupta salida de James Tuller Cintrón.

Rodríguez Dávila aseguró a NotiCel que está enfocado en su trabajo y no en puestos en la Uniformada, aunque recibió el apoyo para asumir la responsabilidad de la posición de la exgobernadora Sila M. Calderón.

‘No estoy considerando esa posibilidad en estos momentos. No estoy mirando hacia el futuro. Mi compromiso es con el pueblo y no con una posición en particular’, subrayó el coronel desde el cuartel general en Hato Rey.

El funcionario sostuvo, además, que está centrado en dar continuidad a las iniciativas que Tuller Cintrón inició en la Uniformada.

‘Debe ser el gobernador quien evalúe qué persona debe dirigir la Policía. Sería impropio decir que estoy disponible porque esa no es mi posición. Puedo decir que no y no está en mis planes trabajar para esa posición’, manifestó a este medio digital.

Diligencian más de mil órdenes de arresto

Sobre mil órdenes de arresto fueron diligenciadas por las autoridades de seguridad pública en marzo, gestiones que formaron parte del plan de trabajo del exjefe de la Policía, James Tuller, de acuerdo al superintendente interino de ese cuerpo, Juan Rodríguez Dávila.

Sin embargo, aún hay sobre dos mil personas que no han podido ser detenidas porque no son localizadas o se mudan a los Estados Unidos.

En rueda de prensa, el teniente de la División de Arrestos Especiales de la Policía, Ferdinand Acosta, reconoció que muchos de los que son buscados por las autoridades logran evadir la jurisdicción, ocasionando así que su arresto sea más complicado.

‘La experiencia nos ha dicho a través de los años que la costa este de los Estados Unidos es el lugar preferido de estas personas por el foco de ciudadanos puertorriqueños que viven en esa área. Pennsylvania, Nueva York y Florida son los tres estados que son más visitados por estas personas’, informó el funcionario.

De los 1034 órdenes de detención, 22 fueron por asesinato, 14 por tentativa de asesinato, 78 por Ley de Armas y 141 por Ley de Drogas.

De acuerdo a Rodríguez Dávila, el éxito de las operación responde al trabajo en equipo entre autoridades estatales y federales, que incluyen al Departamento de Justicia, Corrección y Rehabilitación, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y United States Marshal.