Los maestros y maestras del sistema público del país se expresaron confiados el miercoles de que lograron convencer a los jueces del Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad e irracionabilidad de la Ley 160, que reforma su Sistema de Retiro, a la vez que reiteraron que, de no salir airosos en el proceso judicial, llevarán su lucha por ‘un retiro digno’ a la calle.

Al mediodía, tan pronto culminó la vista oral que impugna la ley, una decena de maestros bajó por las escalinatas entre aplausos y consignas, con el optimismo de que se avecina un triunfo en la controversia que se agudizó tras la aprobación de la ley, en diciembre de 2013.

La presidenta de Educamos, Eva Ayala, tomó el micrófono y ante sus afiliados manifestó con su voz ronca: ‘Estamos claros que vamos a prevalecer… pero en caso de que no prevalezcamos, vamos a estar en pie de lucha. Vamos a ser una sola voz’.

Durante la vista, los representantes legales del magisterio manifestaron a los ocho jueces – ya que el juez Roberto Feliberti se inihibió del proceso – que la forma ‘atropellada’ en que se aprobó la ley en víspera de Navidad no puede ser considerada razonable y que el estado se ve obligado a demostrar que la reforma es necesaria previo a romper sus obligaciones contractuales. Su alegato se basa en que el gobierno no consideró otras medidas menos onerosas, ni encomendó estudios de los beneficios o efectos de la ley previo a su aprobación.

El planteamiento pareció ganar adeptos entre los togados. ‘Es evidente que el sistema está enfermo. El cuestionamiento es si se está dando una medicina que todavía no tiene patente y si de verdad esa dosis era necesaria o si le va a hacer más daño’, pareció conciliar el juez Luis Estrella.

Mientras, el juez Federico Hernández Denton y la jueza Anabelle Rodríguez enfatizaban en la situación precaria del SRM, que según el informe actuarial de 2012 tiene un déficit de $10,000 millones; el juez Erick Kolthoff consideró que al Tribunal le corresponde evaluar si la medida realmente resuelve el problema.

‘No somos una supra legislatura’, recordó el juez Hernández Denton, al poner en manifiesto las visiones encontradas de la judicatura sobre el rol del Supremo. El Juez Presidente, quien culmina su término en abril al cumplir 70 años, también cuestionó a las partes demandantes sobre los antecedentes del caso. ‘Nos están pidiendo que revoquemos a Bayrón Toro y que revoquemos a Trinidad Hernández?’, abordó. La respuesta no vino del magisterio, sino de su homólogo, sentado tres sillas a su derecha: ‘Lo que estamos discutiendo aquí es el peso de la prueba: a qué parte le corresponde el peso de la prueba’, sugirió Kolthoff.

En el salón de sesiones del Supremo se destacaba la presencia de la secretaria de Hacienda, Melba Acosta y del secretario de Justicia, César Miranda. Ambos, al salir de la vista, manifestaron que la contra parte no pudo crear duda razonable sobre la alegada irresponsabilidad del estado en la implementación de la ley. ‘No hacer nada no es una alternativa. Ahora, es eso beneficioso para los maestros o es más beneficioso lo que están planteado hoy día, que tiene unas salvaguardas que propician un retiro razonable dentro de las circunstancias? Esto no se puede mirar aislándolo de la realidad del País’, comentó Miranda, mientras que Acosta destacó que todas las medidas de ingreso que propuso el magisterio fueron evaluadas por el Ejecutivo y que muchas no eran posibles.

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