En el marco de la inauguración de la Oficina de Apoyo y Servicio del Comite Timón del pleito de clase Rosa Lydia Velez, se adelantó que se iniciarán gestiones legales contra el Gobierno por la falta de traspaso a la entidad Rosa Lydia Velez Defensora Pro-Impedidos, Inc. de las facilidades del antiguo hogar juvenil Guailí, ubicado en Guaynabo.

Según la directora ejecutiva del Comité, Carmen Warren, desde que la pasada administración firmó la Resolución Conjunta 1311, dichos terrenos no han sido entregados a Vélez.

De hecho, Warrendetalla que el lugar está actualmente ocupado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que entre otras cosas lo utilizan como almacén.

Desde hace un año se estableció contacto con el secretario del DCR, José Negrón, pero hasta el momento no se ha concretado el traspaso.

En relación al caso original que lleva más de tres décadas en litigio, Warren sostuvo que están a la espera de que la jueza Aileen Navas Augeratienda la solicitud de reconsideración que presentaron tras la determinación de que cada caso debe radicarse por separado y demostrar el daño ocasionado para poder recibir una indemnización, a excepción de los primeros demandantes.

Entretanto, María Díaz, coordinadora de Programas del Comité, destacó que una de las primeras gestiones de la Oficina es la radicación de una querella contra el Departamento de Educación (DE) ante la Oficina de Derechos Civiles en Washington, por irregularidades en la utilización de fondos públicos para otorgación de contratos legales, de servicios de transportación, entre otros.

En la querella radicada hace unos días atrás, el Comité manifestó que, ‘las únicas personas que se han beneficiado de los fondos federales de educación especial han sido abogados contratados por el PRDOE (Puerto Rico Department of Education), mientras que los estudiantes han recibido evaluaciones pésimas y otros servicios prestados a los mismos. El asesoramiento legal de PRDOE debe ser investigado, así como el costo pagado por las evaluaciones. La mayoría de ellos la evaluación no cumplen con las directrices de la especificación de la profesión de las diferentes áreas en las que el estudiante puede ser evaluado’.

Querella derechos civiles – NotiCel_5980